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Son cientos de niños, mujeres y hombres de todas las edades fallecidos, por cuyos servicios de incineración cobraron funerarias de Ciudad Juárez que, en vez de darles un trato digno, los apilaron en bodegones de un crematorio al sur de la ciudad donde se pudrieron y, quién sabe qué, entregaron a sus deudos en urnas funerarias para que cerraran sus duelos. Las familias de los muertos evidentemente ignoran lo que está sucediendo.
El fiscal César Jáuregui declaró el sábado que iban contabilizados 200 hasta ese momento; hoy la cifra extraoficial habla de 370 en este caso, donde el fiscal Carlos Manuel Salas se anticipó el viernes a exonerarlos cuando ni siquiera terminaba la Fiscalía de determinar si había o no delitos. Hay por lo menos un monumental y macabro fraude y también hay una persona detenida por eso. Las fotos filtradas por la misma Fiscalía muestran el horror y lo inhumano de este caso.
Quien viene quedando mal en este caso es la Coespris, que en el estado está a cargo de Luis Carlos Tarin y que en Ciudad Juárez evidentemente no hace la tarea de supervisión a los negocios de pompas fúnebres, y quizás estemos también frente a un caso de corrupción en el personal que tienen en la frontera, que no pocas veces ha sido acusado de asediar pequeños negocios a los que han orillado incluso a cerrar.
También la Profeco está quedando mal, aunque aquí es costumbre que no hagan nada y su personal nada más se dedique a cobrar el cheque. Por lo pronto, el fin de semana fue inhábil y ni se han dado cuenta de que están obligados a intervenir para sancionar este fraude.
Los cuerpos de los fallecidos recibieron un trato inhumano; como vil basura fueron apilados en bolsas y hasta los ataúdes les robaron para dejarlos pudrirse en recintos sin refrigeración. Los restos desechados por el rastro municipal son tratados con mayor dignidad, por lo que se requiere la intervención hasta del Congreso del Estado para regular con mayor rigurosidad estos negocios y, claro, una sanción severa para los responsables del crematorio.
