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La presidenta del DIF municipal, Rubí Enríquez, se aventó otro gaviotazo para defender lo indefendible, la contratación de su cuñada Erika Prado Núñez en el DIF, quien tuvo que salir por la puerta de atrás después de la denuncia por nepotismo que interpusiera el presidente local del PAN, Ulises Pacheco, y Daniela Álvarez, la dirigente estatal.
En su mensaje cargado de drama y victimización para corregir el nepotismo y peculado por el que la están señalando, no dijo nada de la demás parentela que vive de la nómina y se lavó las manos nuevamente con el argumento de que ella no realizó la contratación, que ella no cobra ningún peso de recursos públicos.
“Hoy me duele anunciar la renuncia de una mujer trabajadora, responsable y honesta. Ella no cometió delito ni falta alguna: su contratación fue decisión de la directora de la institución descentralizada, no mía”, aseguró la esposa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, echándole la culpa a Lucía, la esposa del exalcalde de Chihuahua Marco Quezada, a quien tiene dirigiendo y haciendo el poco trabajo que realizan.
Y luego agregó: “Quiero dejar muy claro que no soy funcionaria y que de mí no dependen las contrataciones. Mi labor en Juárez ha sido siempre por amor, y así lo seguiré haciendo, porque es mi pasión contribuir con las familias de nuestra ciudad”.
Lo que no dice es que sí vive de los recursos públicos y a su familia le ha alcanzado para mandar a los entenados a estudiar al extranjero a universidades de las más caras, les alcanza para viajar por el mundo y comer en los mejores restaurantes de Juárez y Chihuahua, lo que antes no alcanzaba con el ingreso de Uber del alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Ya viven hasta en Los Nogales después de haber pasado por el vergonzoso episodio del desalojo del Campestre por las investigaciones de corrupción que las abrió la Fiscalía que dirige Abelardo Valenzuela.
En su mensaje difundido en redes sociales, consideró que fue un ataque hacia su cuñada por parte del PAN, algo que le restregó de inmediato; la reviró Daniela Álvarez, quien le recordó que la corrupción no tiene género y la denuncia no es un tema por ser mujer, sino por la correcta aplicación de la ley.
En ese mismo tema, la que ha brillado por su ausencia es la síndica Ana Estrada, convertida ya en un cadáver político sin pies ni cabeza, que ni por error revisa las listas de personal y pasa asistencia como lo hacía Fernando Martínez cuando tenía ese cargo, antes de dividir a los masones. Ahí encontraría muchos aviadores y parentela incómoda que no debería estar y ahorraría al alcalde Cruz Pérez Cuéllar hacer corajes por los gaviotazos y cobrar el predial con el hígado.
