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La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que los procesos electorales en México son de los más caros del mundo y que es necesario disminuir el gasto del Instituto Nacional Electoral, de los partidos políticos, de los organismos electorales locales y de los tribunales, sin afectar su operación ni su autonomía.
Por eso contempla una fiscalización más estricta de los recursos que utilizan partidos y candidaturas, mientras que el cuarto propone fortalecer la democracia participativa, ampliando los mecanismos de consulta y participación ciudadana a nivel estatal y municipal, incluso de forma anual.
Entre los cambios más destacados se encuentran la reducción del gasto electoral en al menos 25%, que incluiría recortes a sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE, en apego al artículo 127 constitucional. También se busca eliminar duplicidades, reducir el gasto del Congreso federal y de los congresos locales, así como disminuir el número de regidurías en los municipios, con un tope máximo de 15.
La iniciativa también propone prohibir las aportaciones en efectivo, permitir al INE acceso oportuno a operaciones financieras y utilizar tecnología para fortalecer la fiscalización. Además, se facilitaría el voto de mexicanos en el extranjero, se reducirían los tiempos de radio y televisión en campañas, y se regularía el uso de inteligencia artificial, prohibiendo bots y prácticas engañosas en redes sociales.
