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Por Adrián Ahjuech
En política, la forma importa tanto como el fondo. Y cuando una medida ambiental termina percibiéndose como castigo económico, el problema ya no es técnico: es de confianza.
Si en entregas anteriores analizamos el protagonismo desde Comunicación Social, hoy toca poner bajo la lupa al encargado de Ecología del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, el Lic. César René Díaz Gutiérrez. No como ataque personal, sino como ejemplo de una constante preocupante: servidores públicos que dicen escuchar a la gente, pero que cuando la ciudadanía cuestiona, responden descalificando.
El engomado ecológico nació con un argumento legítimo: reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Nadie puede estar en contra de la protección ambiental. El problema es otro: ¿por qué una buena idea termina generando rechazo social?
Cuando el ciudadano no ve parques rehabilitados, no observa reforestación visible, no percibe mejoras en espacios como El Chamizal, pero sí enfrenta un cobro obligatorio de 339 pesos y multas que pueden superar los 3 mil pesos, la percepción cambia. De política ambiental pasa a política recaudatoria.
Y ahí es donde entra la responsabilidad del área de Ecología.
En lugar de abrir el diálogo, explicar con datos técnicos el impacto real del programa, transparentar el destino de los recursos y construir confianza, la reacción ha sido defender la medida bajo el argumento de que “es por el bien de la ciudad” y que quien infrinja será sancionado.
El propio alcalde el año pasado, Cruz Pérez Cuéllar, anunció que a partir del 1 de octubre el engomado se solicitaría a quienes cometan una infracción de tránsito, asegurando que no habría retenes ni “cacería de brujas”. Sin embargo, el mensaje implícito es claro: si te detienen, además de la infracción, podrías enfrentar una multa adicional por no portar el engomado.
¿Eso incentiva la cultura ambiental o genera presión económica?
El Congreso del Estado emitió un exhorto para frenar lo que considera políticas recaudatorias desproporcionadas. La diputada Xóchitl Contreras, señaló que con un padrón aproximado de 850 mil vehículos, la recaudación potencial podría superar los 288 millones de pesos. Y hasta ahora, con 211 mil engomados tramitados, ya se habrían captado más de 71 millones.
La pregunta es sencilla y legítima:
¿Dónde están los resultados visibles de ese recurso?
Si el ciudadano no ve mejoras tangibles en áreas verdes, si los parques siguen secos, si hay eventos masivos que dañan ecosistemas y apertura de actividades comerciales en zonas sensibles, la narrativa ecológica pierde fuerza, simplemente, se utilizaría para una mayor pavimentación en el sur oriente de la ciudad, nada.
Aquí comienza la trilogía del mal servidor público:
- Impone sin socializar.
- Defiende sin transparentar.
- Descalifica en lugar de escuchar.
La función de un director de Ecología no es solo aplicar reglamentos; es construir cultura ambiental. Y la cultura no se impone con fecha límite ni con amenaza de multa. Se construye con incentivos, subsidios, acompañamiento técnico y evidencia científica clara. Cuando la ciudadanía cuestiona la factibilidad del engomado, no necesariamente está en contra del medio ambiente. Está pidiendo claridad. Está pidiendo proporcionalidad. Está pidiendo respeto a su economía.
El riesgo político es evidente: cada medida que se percibe como arbitraria erosiona la credibilidad del gobierno municipal. Cada servidor público que responde con rigidez en vez de apertura alimenta la narrativa de que no se gobierna con sensibilidad.
La ecología no puede convertirse en excusa recaudatoria, así, como la autoridad no puede sustituir el diálogo. Y el profesionalismo no se presume: se demuestra. Si el gobierno municipal realmente quiere mejorar el medio ambiente, el primer paso no es exigir un engomado, es recuperar la confianza.
Porque sin confianza ciudadana, ninguna política pública —por buena que sea en el papel— logra un resultado favorable en la calle.
