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El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, Juan Carlos Loera de la Rosa, consideró que la migración puede convertirse en una oportunidad para el desarrollo económico de las ciudades fronterizas si se fortalecen los mecanismos de integración laboral y se actualizan los marcos legales que faciliten la inserción productiva de personas migrantes y en situación de retorno.
Al participar en el Foro de Alto Nivel “Hacia una revisión integral de la Ley de Migración: identificación de retos y construcción de consensos”, realizado en la Cámara de Diputados, el legislador señaló que la frontera norte vive de manera cotidiana las dinámicas sociales, económicas y migratorias de la región, por lo que resulta indispensable abordar este fenómeno desde una perspectiva integral.
“Soy un fronterizo originario de Ciudad Juárez y presido la Comisión de Asuntos Fronterizos del Senado. Desde esa experiencia sabemos que la integración y reintegración de personas migrantes requiere un enfoque integral que articule reformas legislativas con políticas de movilidad humana, desarrollo regional y protección de derechos”, expresó.
El senador juarense destacó que México ha avanzado en los últimos años en reformas que colocan en el centro la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad, particularmente de mujeres, adolescentes, niñas y niños. No obstante, subrayó, aún existen retos importantes para lograr una verdadera integración social y económica.
Entre los principales desafíos, Juan Carlos Loera mencionó los obstáculos administrativos que enfrentan muchas personas migrantes para incorporarse al empleo formal, como la obtención de documentos de identidad, certificados de estudio o comprobantes que les permitan acceder a oportunidades laborales en igualdad de condiciones.
Por lo que es necesario, agregó, avanzar hacia mecanismos que agilicen la expedición de documentos y faciliten su inserción en los mercados laborales.
Loera también planteó que, frente al agotamiento gradual del bono demográfico y al envejecimiento de la población, la incorporación de personas en movilidad puede representar una oportunidad para fortalecer el dinamismo económico de las ciudades fronterizas.
“Las personas migrantes no son una amenaza. Su incorporación puede representar una oportunidad para impulsar el progreso de nuestras comunidades en el corto y largo plazo”, afirmó.
Como parte de su agenda legislativa para atender este fenómeno, el senador ha presentado diversas iniciativas orientadas a mejorar la integración de migrantes y personas retornadas, entre ellas una reforma a la Ley Federal del Trabajo para ampliar de 10 a 20 por ciento el límite de trabajadores extranjeros que pueden contratar empresas en entidades de la frontera norte, así como propuestas para fortalecer la atención consular a migrantes mexicanos en situación de vulnerabilidad y para establecer un marco integral que garantice el retorno digno y la reintegración de personas repatriadas.
En el foro también participaron, entre otras personalidades, la diputada Rosa Urbina Castañeda, Secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios; Dana Graber Ladek, Jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México; Anne Brigitte Krum-Hansen, representante Adjunta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) México; Jonathan Ávalos Meléndez. Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración. (INM); Lorena Villavicencio Ayala Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); Silvia Morimoto, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, y Vanessa Pocasangre Mijango, Oficial Técnica de Migración Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México y Alfredo González Reyes, Asesor Senior en la Coordinación Residente de la Organización de las Naciones (ONU) en México.
Al concluir su participación, legislador subrayó que la revisión de la política migratoria debe construirse a partir del diálogo entre poderes públicos, organismos internacionales, academia y sociedad civil, con el objetivo de generar consensos que permitan responder de manera más eficaz a los desafíos actuales de la movilidad humana.
