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Hoy se cumplen 3 años de la tragedia en la que murieron 40 migrantes extranjeros en la estación migratoria del Puente Lerdo que funcionaba como cárcel clandestina, en la que se combinaron la negligencia del Instituto Nacional de Migración en el gobierno de AMLO y la xenofobia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, que ordenó redadas contra migrantes extranjeros para retirarlos de los cruceros y llevarlos a un lugar donde perdieron la vida en un incendio.
El principal responsable, Francisco Garduño, fue protegido por López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, que terminó refugiándolo con una chamba en la Secretaría de Educación Pública. La protección brindada al excomisionado también alcanzó al gobierno neomorenista de Pérez Cuéllar, que no fue investigado por ejercer funciones de migra en las calles de la ciudad. Se tendió una cortina que todavía algunos medios de comunicación maiceados por el crucismo intentan mantener precisamente hoy, poniendo como héroes a los bomberos que, ni por estar a escasos metros del lugar, no pudieron atender el incendio. Quizás por estar más metidos sus directivos en el negocio de la familia Yudico, también con migrantes y con billetes que saltan para todos lados, hasta para el reportero que intenta hoy poner de héroes a los “bomberos empresarios” que en aquel entonces también estaban metidos en el negocio del contrabando de migrantes.
Claro, hay contrastes en el verdadero periodismo, como el que muestran las colegas de La Verdad, que muestra la realidad del caso y la impunidad que prevalece a partir de aquel 27 de marzo del 2023, cuando presuntamente un grupo de personas migrantes prendió fuego a las colchonetas en la celda de los hombres de la estancia migratoria, donde migrantes extranjeros encerrados bajo llave discutían enojados con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos y amagos de deportación.
Cuando las llamas se estaban propagando, los migrantes pidieron a gritos que los dejaran salir, pero quienes los tenían bajo su resguardo no les abrieron la celda y ahí se consumó la tragedia que inició con las redadas en las calles implementadas por orden de Pérez Cuéllar y ejecutadas por el jefe de la Policía Municipal César Omar Muñoz Morales. Lo que siguió fue un manto de protección a los responsables desde el Palacio de Gobierno de México y un proceso judicial contra empleados del Instituto que se caracteriza por el estancamiento y la disparidad en el trato a los acusados, particularmente con Garduño y con Pérez Cuéllar, que ni siquiera estuvo en las investigaciones pese a que la ONU pidió investigarlo y de quien todo mundo recuerda que al grito de “nuestra paciencia se acaba” vinieron los operativos xenofóbicos que le precedieron, que llevaron a los migrantes al lugar donde murieron.
