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Poco a poco la impunidad va terminando de cubrir el caso de los 40 migrantes muertos en un incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración en el 2023, en el que las instancias, en vez de buscar justicia para las víctimas, se enfocaron a buscar limpiar a los acusados, el principal, Francisco Garduño, amigo de AMLO, quien no solo fue protegido, sino también premiado con un cargo en la SEP en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum.
En el último capítulo, el Ministerio Público (MP) de la Federación se declaró incompetente para iniciar una audiencia del caso y EL juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón desechó la causa penal programada para formular cargos por los delitos de daños y ejercicio ilícito del servicio público en contra de cuatro de los 11 presuntos implicados en el incendio: Daniel G.Y., quien se desempeñaba como representante local de la oficina Noroeste del INM; Rodolfo C. de la T.; y Gloria Liliana R.G., ahora exagentes federales migratorios, y el migrante de Venezuela, Jaison Daniel C.R.
¿Falla técnica o intencional? Pero el fiscal Fernando Olvera Baca solicitó el diferimiento alegando desconocer la carpeta de investigación, integrada por 36 tomos –con 174 anexos–, porque el caso le fue asignado hace unos días, tras la reciente salida de la anterior responsable de la causa, Nadia Karina Figueroa Castro; así lo detalla La Verdad Juárez, el único medio independiente de Juárez que lleva seguimiento periodístico a este tema.
Olvera Baca señaló que Figueroa Castro dejó el cargo el pasado 31 de marzo como parte de una reestructuración de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiados, y que la carpeta aún no le había sido entregada, postura que llevó al magistrado a considerar que no había materia para llevar a cabo la audiencia y declaró terminada la causa penal, echando más piedras al costal de la impunidad que aplasta en México a los migrantes.
La decisión del juez, que evidentemente conlleva línea y corrupción, fue visibilizada y criticada por Marcos Zavala Cruz, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, instancia que representa a nueve sobrevivientes del incendio y a nueve núcleos familiares de las víctimas fallecidas, quien consideró que las víctimas del incendio son los grandes perdedores de la decisión que tomó el juez Hernández Calderón.
“Si el juez hubiera sido totalmente imparcial, habría emitido una medida de apremio en contra del agente del MP, independientemente de que fuera un fiscal nuevo, y debió pedir que el caso se asignara a un funcionario competente y emplazar para la realización de la formulación de cargos”, pero el juez optó por la impunidad que ya es marca de la 4T en el tema de migrantes y muchos otros del ámbito político.
