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Al ritmo de «Bohemio de afición», «Mujeres divinas», «Acá entre nos» y «¿Qué de raro tiene?», el compositor Martín Urieta, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), intenta cobrarle a los negocios de Ciudad Juárez regalías, pero lo hizo enviando a personajes que llegaron acompañados del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) que, a ojo de buen cubero y dependiendo del sapo, intentaron aplicar cuotas de hasta 300 mil pesos basados en una Ley de Derechos de Autor con tabuladores de hace medio siglo.
Cierto que el amplio repertorio de piezas musicales de la Sociedad de Autores se escucha en cada rincón del país, pero no por el hecho de tener una consola, una bocina o una computadora implica que se escuchen sus canciones, y menos en una frontera donde las modas extranjeras se imponen y el uso de plataformas digitales lleva implícito el pago de regalías en la reproducción de música.
Pero eso no fue impedimento; irrumpieron en los hoteles María Bonita, propiedad de Rogelio Ramos, a quien agarraron fuera de la ciudad; si no, se hubiera puesto los guantes de box y se hubiera armado una trifulca, mínimo. Sin embargo, el también expresidente de Canaco a su regresó alista denuncias y una defensa contra los compositores de música.
Los inspectores del IMPI, que también son de la 4T y del Gobierno de México, fueron señalados de mantener una actitud arbitraria y solicitar ingresar hasta a las habitaciones para supervisar qué es lo que se reproducía en las televisiones de los huéspedes, algo absurdo.
Alegaron que se estaban tocando canciones de Martín Urieta e intentaron clausurar bocinas, speakers y televisores del hotel con bolsas negras y cintas adhesivas, aunque en el acta de inspección asentaron que no se estaba transmitiendo música protegida por derechos de autor, pero alegaron que cuando se fueran, escucharían Aca entre nos.
Los inspectores también ofrecieron “arreglos” y no precisamente musicales.
“Oye, ¿para qué continuamos? Les dejamos en 300 mil pesos al año… bueno, 120 mil, y así se fueron haciendo las quitas hasta 50 mil pesos al año por hotel, pero, me pregunto: ¿esa no es una extorsión institucionalizada?”, fue el ofrecimiento, destacó Iván Pérez.
La intervención provocó que Canaco lanzara el grito de SOS al gobierno de Claudia Sheinbaum y denunciara al IMPI y a la SACM de intento de extorsión. También les dejo claro que no se les tiene miedo y no se les permitirán más actos intimidatorios.
Sin embargo, hay preocupación por la situación inédita que se vive y más en vísperas del Festival del Tequila. No se les vaya a ocurrir a los inspectores de Martín Urieta acudir por sus regalías y aguadarles la fiesta.
Sin duda el caso tendrá más capítulos, los compositores exigen sus regalías a las que, si tienen derecho, y los empresarios de Juárez se niegan a pagar tarifas autoritarias que los desfalcarían en casos de pequeños negocios y también tienen la razón al acusar de intentos de extorsión. Al final tendrá que haber arreglo musical, por lo menos.
