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El dirigente estatal del PRI, el diputado federal Alejandro Domínguez, señaló que los diputados federales Alejandro Pérez Cuéllar y Maite Vargas, del Verde y Morena, así como Roberto Nono Corral, votaron a favor de una reforma que reduce la sentencia a prisioneros sentenciados por extorsión que tendrían que ser liberados una vez que entre en vigor.
La petista Lilia Aguilar votó en contra, pero los diputados Daniel Murguía Lardizábal, Armando Cabada, también de Morena, se abstuvieron de votar la nueva Ley de Extorsión que se aprobó en la Cámara de Diputados en octubre, y que la próxima semana será discutida nuevamente en la Cámara de Senadores, señaló este fin de semana durante la reunión que sostuvo en Juárez con las bases priistas para celebrar el aniversario 115 de la Revolución Mexicana.
“No hay una noción de que fue lo que ocurrió en Juárez en los tiempos tan violentos, o hay un entreguismo total a lo que diga el Gobierno de la República”, dijo.
De aprobarse en el Senador, la nueva Ley podría dejar en libertad a más de 500 delincuentes presos por ese delito en el país, 150 de ellos recluidos en los Ceresos de Ciudad Juárez.
“Morena planteó una penalidad de los 6 a los 15 años y nosotros tenemos una penalidad que va de lo 15 a los 30 años de prisión”, señaló.
Al tener la penalidad más alta, el que fue sentenciado por ese delito, podría salir libre, agregó.
Indicó que se expresó en la Cámara la necesidad de modificar en la propuesta las penalidades, pero no se logró y se impusó el voto de la mayoría.
“El Senado modificó el dictamen y va a regresar a la Cámara y modifica que al penalida sea de 15 a 25 años”, refirió.
Si se mantie el dictamen como la mandaron los diputados, saldrían libres 140 presos en el estado de Chihuahua que ya habría cumplido con las nuevas sanciones que se aprobarían, dijo.
“Ellos promoverían un incidente de beneficio de la nueva legislación”, añadió.
Domínguez sostuvo el fin de semana un encuentro con la estructura del partido en Ciudad Juárez, tendiente a privilegiar el diálogo interno y la revisión de los principales retos y desafíos que enfrenta el PRI en la frontera.
En el encuentro se analizó la nueva Ley contra la Extorsión y un análisis de fondo sobre la Ley General de Aguas, a la cual señaló de poner en riesgo al campo mexicano y chihuahuense.
