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CIUDAD DE MÉXICO. — La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que el exfiscal de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, es investigado por delitos contra la seguridad nacional, específicamente por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria.
A través de un pronunciamiento oficial, la fiscal general confirmó que la detención del exfuncionario, ejecutada este sábado en la capital de Chihuahua, deriva de una orden de aprehensión federal sustentada en más de 100 actos de investigación de gabinete y campo.
Según las indagatorias presentadas por Godoy Ramos, el exfuncionario estatal presuntamente ordenó y coordinó un operativo antidrogas irregular en abril pasado en el municipio de Morelos, Chihuahua, permitiendo la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) sin contar con autorización legal. La FGR sostuvo que Jáuregui Moreno posibilitó que personas extranjeras participaran en acciones reservadas de manera exclusiva a las fuerzas armadas y autoridades de la Federación, vulnerando activamente la soberanía del territorio mexicano.
La fiscal federal calificó este despliegue como un ataque directo al pacto federal y a la división de poderes, argumentando que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional limitan estrictamente las facultades de las entidades federativas para transferir potestades públicas a corporaciones de otros países. Asimismo, la fiscalía acreditó que los agentes estadounidenses implicados acudieron sin justificación previa a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación local, realizando labores de desmantelamiento de laboratorios clandestinos de manera ajena a los marcos institucionales del Estado mexicano.
Finalmente, la funcionaria detalló que Jáuregui Moreno incurrió en el ocultamiento intencional de información hacia las instituciones del gobierno federal. Pese a tener conocimiento pleno de que se trataba del combate a delitos de índole federal, el exprocurador decidió notificar primero a las agencias extranjeras en lugar de dar el aviso reglamentario a la FGR, alertando a las corporaciones nacionales de manera precipitada e indebida solo una vez consumadas las acciones en la Sierra Tarahumara.
