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Ciudad de México.- Siete años despues de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, familiares de las víctimas y sus representantes acusaron que el Estado mexicano no ha cumplido con la obligación de identificar a los responsables de la desaparición forzada de tres personas en diciembre de 2009 en el estado de Chihuahua, ni con la búsqueda rigurosa y sistemática de las víctimas.
Lo anterior fue señalado durante la audiencia pública de supervisión de cumplimiento del Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México que se celebró el viernes ante la CIDH.-
La sentencia a la que se le dio seguimiento en la Corte, es por las desapariciones forzadas de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes. Las cuales se produjeron en el contexto de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua y la lucha contra el crimen organizado en México.
Los hechos ocurrieron en el Ejido Benito Juárez, ubicado en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, el 29 de diciembre de 2009. El Tribunal internacional determinó, en su sentencia que en este asunto hubo participación de agentes estatales. Además, existieron indicios suficientes de que estuvieron involucrados elementos del Ejército.
A la fecha, se desconoce el destino o paradero de las tres víctimas desaparecidas.
Las personas desaparecidas habrían sido privadas de libertad por parte de un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían uniformes que identificaron como de militares.
En cuanto a la participación directa de agentes estatales, se alegó en el caso que existen una serie de elementos contextuales, así como diversas declaraciones y consideraciones de autoridades internas y expertos internacionales, sobre la existencia de indicios suficientes en cuanto a la participación del Ejército en los hechos del caso.
Se alegó además que estas desapariciones tuvieron lugar en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas fuera de sus funciones tradicionales, en el contexto de la lucha contra el contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en México.
El caso también se relaciona con la alegada situación de impunidad en que se encuentran las tres desapariciones, por lo que se determinó que la aplicación de justicia militar al caso concreto podría resultar violatoria del derecho de contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia. Finalmente, se alegaron una serie de violaciones conexas derivadas de las amenazas y hostigamientos que habrían tenido que enfrentar los grupos familiares, incluido el desplazamiento forzado de algunos de ellos.
Pese al fallo, no hay resultados en la busqueda de las víctimas ni de los señalados como responsables de su desaparición forzada..
