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Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abrió una esperanza para miles de opositores a la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador de que la elección de jueces, magistrados y ministros sea frenada. Con una mayoría de 8 votos contra 3, el Pleno de la Corte resolvió que tiene la facultad de revisar y, en su caso, revertir, matizar o detener la reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión, ante los argumentos de que viola la autonomía judicial y la división de poderes. ¡Zaz! Lo que sigue es obvio. En la sesión de este jueves se revisó la propuesta de la Consulta a Trámite 4/2024 que elaboró el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a petición de personas magistradas y juzgadoras del Poder Judicial Federal, para revisar la reforma. En la sesión, a falta de argumentos de jurisprudencia, -muchos dicen que no los tiene- la ministra morenista Lenia Batres advirtió sobre un golpe de Estado. La ministra Yasmín Esquivel Mossa, también rechazó la resolución y acusó que la Corte de pretender eliminar una reforma constitucional, con un proceso administrativo. Fue inútil la defensa de la reforma. Para la aprobación del proyecto se necesitaba la mayoría simple de seis votos, y a favor lo hicieron la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Ríos Farjat, así como los ministros González Alcántara Carrancá, Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ahora se designará a un ministro para que elabore un proyecto, en donde, ahora sí se resuelva si la Corte puede modificar o detener la reforma judicial que entró en vigor el pasado 16 de septiembre. En si, hay una esperanza para los opositores a la reforma, principalmente entre los integrantes del Poder Judicial.
