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Ciudad Juárez.- Servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Zona Norte presentaron una denuncia colectiva por hostigamiento laboral y violaciones a derechos humanos, además de prácticas indebidas y contrarias a la ética pública y vigilancia inform, así como manipulación de cifras institucionales, uso indebido de recursos públicos y trato preferencial.
Las quejas fueron interpuestas formalmente ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de la Función Pública y dadas a conocer a través de un comunicado dirigido a medios de comunicación, en el que se reservaron sus identidades.
En la denuncia se integraron alrededor de 20 personas empleadas de ese organismo institucional en carácter de víctimas.
En el documento señalan que desde la llegada de la maestra Gabriela Juárez Bejarano como Coordinadora Regional el 6 de noviembre de 2023, el entorno laboral en esa representación se deterioró profundamente.
Señalaron que han documentado, mediante testimonios, mensajes institucionales, registros escritos y evidencias audiovisuales, una cadena de actos que incluyen:
- Maltrato verbal, amenazas, discriminación, exclusión y represalias.
- Asignaciones arbitrarias, instrucciones contrarias a la ética pública y vigilancia informal.
- Manipulación de cifras institucionales, uso indebido de recursos públicos y trato preferencial.
- Reducción injustificada de contratos, prácticas de nepotismo y cierre de áreas clave.
- Riesgo físico a personal mediante el uso inadecuado de vehículos oficiales.
Estas prácticas vulneran principios esenciales del servicio público como la legalidad, la honradez, la eficiencia, el trato digno, la equidad y el respeto profesional. Más aún, resulta profundamente incongruente que en una institución cuyo mandato es defender a víctimas de violaciones a derechos humanos, se perpetren internamente esas mismas violaciones contra su propio personal, señalan en su denuncia.
En este contexto, señalan que se asumen también como víctimas y solicitan de manera urgente una intervención ética e institucional oportuna, que garantice su salud física y mental, así como el cumplimiento pleno del marco legal y ético que rige al servicio público.
“Exigimos que se deje de lado toda práctica de revictimización, prejuicio o minimización de lo denunciado. Esta situación no solo afecta a las personas trabajadoras, sino que compromete la misión misma de la CEAVE y los derechos de las víctimas que atendemos”, manifiestan.
“Reiteramos que el respeto comienza dentro: sin derechos laborales no hay derechos humanos. Apelamos a las autoridades competentes y a la sociedad a sumarse a esta causa por dignidad, legalidad y justicia”, finaliza el documento.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE por sus siglas), es un órgano desconcentrado de la Fiscalía General del Estado, con autonomía técnica y de gestión, que tiene como objetivo atender a las víctimas de delitos federales y violaciones a derechos humanos.
