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Ciudad Juárez.- El Cabildo autorizó al Municipio ejercer una inversión de 150 millones de pesos en el programa Apoyos a la Infraestructura Educativa a través de un esquema de subsidios a planteles escolares federales que ha sido cuestionado por corrupción, ya que en años pasados le permitió al gobierno local evadir las licitaciones y asignar directamente las obras a determinadas constructoras de Chihuahua.
En esta ocasión los recursos serán asignados a 42 escuelas federales, principalmente secundarias, Conalep e incluso 9 planteles de Cobach y hasta las oficinas administrativas de USAER, de Educación Especial, que participaron con proyectos en la consulta pública del Presupuesto Participativo.
La propuesta motivó la discusión entre los regidores por la exclusion de planteles estatales y el reclamó de los ediles de Morena para que el Gobierno del Estado también aporte recursos, un alegato utilizado para justiciar el esquema de subsidios.
De acuerdo con el regidor Antonio Domínguez, quien se reintegró este día a sus funciones edilicias, se entregarán obras a las escuelas, no dinero. Sin embargo, esa dinámica ha sido cuestionada ya que al expedir Tesorería Municipal un cheque a la escuela beneficiaria, se le pide endosarlo y es ejercido por el Municipio sin licitar y no por el beneficiario del subsidio.
El año pasado la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, la doctora Carmen Álvarez González, declaró al portal Yo Ciudadano, que la opacidad en la entrega de subsidios municipales para obras en escuelas plantea serios riesgos de corrupción, luego de que ese medio realizó una investigación en la que documentó cómo el gobierno municipal de Juárez implementó desde 2022 un esquema para evadir licitaciones y obstruir la fiscalización de 160 millones de pesos en subsidios para reparaciones de 168 escuelas.
Sostuvo que la falta de claridad y transparencia aumenta el riesgo de faltas administrativas graves de servidores públicos, como conflictos de interés, sobreprecios, cohecho, desvío de fondos, abuso de funciones y peculado. Además, la posibilidad del involucramiento de los contratistas en actos de corrupción, como participación ilícita, tráfico de influencias y soborno, agrava la situación, señaló.
Según el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, no hay calculo político en este programa y señaló que la Federación invierte una cantidad mayor a través del programa La Escuela es Nuestra y “honestamente no hemos visto esa misma inversión del Estado”.
El dictamen fue aprobado por unanimidad.
