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El senador Juan Carlos Loera consideró que sus señalamientos puntuales de las fallas institucionales de la policía municipal no deben interpretarse como un ataque personal ni como un intento de protagonismo político, sino como un acto de responsabilidad que exige su investidura para contribuir a mejorar la actuación de los cuerpos policiales en el estado, particularmente en Ciudad Juárez.
“En una democracia, señalar fallas institucionales no es una agresión: es una obligación. Callar ante omisiones que cobraron una vida sería irresponsable”, dijo el legislador en el contexto del asesinato del pastor Mauro Cabañas, ocurrido el pasado 7 de noviembre.
El senador rechazó la narrativa que lo presenta como una persona desconectada de la realidad de Ciudad Juárez, donde nació, creció y se desarrolló profesional y políticamente.
En ese sentido, detalló que cada semana recorre las colonias de Ciudad Juárez, atiende a personas en su Casa de Enlace y recibe permanentemente denuncias ciudadanas sobre actuaciones irregulares de distintas autoridades municipales.
“Mi trabajo se construye desde el territorio. Lo que digo nace de escuchar al pueblo que vive la inseguridad en carne propia”, explicó.
Juan Carlos Loera recordó que su compromiso con la seguridad pública no comenzó en el Senado, sino desde la instalación de las Mesas de Construcción de Paz en enero de 2019 y desde su papel central en la instrumentación de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones durante su gestión como delegado de Bienestar en Chihuahua.
Adicionalmente, enumeró algunas acciones que ha realizado desde el Poder Legislativo en materia de seguridad pública, destacando la iniciativa aprobada para frenar el tráfico hormiga y elevar las sanciones contra el ingreso de componentes y armas de fuego a México, en el marco de la reforma integral de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; además de presentar diversos puntos de acuerdo para exhortar a la Gobernadora del estado, María Eugenia Campos, a asistir a las mesas de seguridad y reuniones binacionales para analizar la seguridad e infraestructura fronteriza; esto último en su calidad como presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.
Juan Carlos Loera insistió en la necesidad de revisar y corregir los protocolos municipales para evitar que tragedias como la del pastor Cabañas se repitan. Subrayó que la ciudadanía merece cuerpos policiales preparados, evaluados y con capacidad real para proteger la vida de todas las personas.
El legislador insistió en que el proceso correcto debió iniciar asegurando la detención en flagrancia de un individuo que ocasionaba molestias a los vecinos, incumpliendo el Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno del municipio, además de cometer delitos contra el bienestar animal al asesinar a un can; posteriormente, informarle sus derechos, registrarlo de inmediato en el Registro Nacional de Detenciones, trasladarlo sin demora al Ministerio Público y permitir que, únicamente bajo dictamen médico y orden judicial, pudiera considerarse su internamiento en una institución de salud mental o contra las adicciones.
Agregó que ninguna corporación policial puede entregar a un detenido a particulares, pues hacerlo vulnera derechos fundamentales, incumple los protocolos nacionales y pone en riesgo a terceros, como lamentablemente ocurrió en este caso, que terminó con el homicidio de un hombre de fe.
