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-Con sentencia definitiva de amparo No. 547/2026 del Juzgado de Distrito
-La FACH seguirá defendiendo por la vía legal, los recursos de los chihuahuenses
-Se denuncia trafico de influencia y hostigamiento de quien preside la Comisión de Justicia del Senado de la República
La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informa que:
• Dentro del Juicio de Amparo 547/2026, del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, a partir del 14 de agosto del año en curso, existe sentencia definitiva en la que se reconoció al Estado de Chihuahua como víctima a través de la Secretaría de Hacienda respecto al delito de Peculado Agravado por la desviación y disposición ilegal e irregular de los 98.6 MDP.
• El Juez Federal Roberto Antonio Alcoverde cooptado por uno de los imputados que goza de inmunidad constitucional y además, preside la Comisión de Justicia del Senado de la República; el 24 de agosto de este mismo año, previamente notificado de su presunta violación a la suspensión definitiva otorgada al Estado de Chihuahua por un Juez de Amparo, aun y con eso, resolvió de manera ilegal, asumir competencia, despojando a la Secretaría de Hacienda de su calidad de víctima.
• Por lo anterior, el Juez Penal Federal, Alcoverde Martínez, se ubicó en el supuesto delictivo previsto en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo.
o Cabe señalar que este juzgador ya fue denunciado ante el Tribunal Federal de Disciplina con antelación, así mismo ya se ha denunciado la violación a dicha suspensión definitiva, pues insistió en desconocer el carácter de víctima a la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua.
• Por otro lado, denunciamos el hostigamiento sistemático, con uso de tráfico de influencias de algunos funcionarios de la FGR y del Juez Roberto Antonio Alcoverde que, en colusión con uno de los imputados, tratan de intimidar la actuación de la Fiscalía Anticorrupción con requerimientos y resoluciones fuera del marco legal, con tal de obtener el objetivo central que es: La impunidad.
• Cabe hacer mención que si bien, el Tribunal Colegiado resolvió el conflicto competencial de manera atípica, al confundir las participaciones con aportaciones Federales del sistema de recaudación y fiscalización de nuestro país, lo cierto es que se resolvió solamente a uno de los imputados J.C.J., con lo cual, ahí terminó dicho conflicto competencial.
• Las preguntas son muy sencillas: ¿De qué cuenta, y de dónde salieron los 98.6 millones de pesos?, ¿Por qué retorcer la ley y todo el sistema de fiscalización solo para proteger los caprichos de uno de los imputados?, ¿Les resulta muy complicado vivir en un Estado de Derecho…?
• Por último, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no se dejará intimidar y seguirá defendiendo con determinación y firmeza ante las últimas instancias, por la vía legal, los recursos que les pertenecen a los chihuahuenses y que indebidamente desviaron y dispusieron.
