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La Comisión Nacional de Elecciones de Morena oficializó el triunfo de Cruz Pérez Cuéllar como el nuevo Coordinador Estatal de Defensa de la Transformación en Chihuahua, una designación que impulsa sus aspiraciones hacia la gubernatura en 2027 pero que, simultáneamente, aviva el debate público debido a las múltiples investigaciones y denuncias por presunta corrupción que pesan sobre su gestión como alcalde de Ciudad Juárez. [
De acuerdo con reportes periodísticos y la organización civil Plan Estratégico de Juárez, el ahora coordinador estatal enfrenta un paquete de cerca de 48 denuncias penales y procedimientos administrativos ante diversas instancias. Entre los expedientes abiertos más señalados destacan:
- Aseguramiento de inmuebles: En abril de 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua aseguró una residencia habitada por Pérez Cuéllar en el fraccionamiento Campestre de Ciudad Juárez, valuada en más de 26 millones de pesos, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito ligada a un exfuncionario de su administración.
- Contratos de barredoras mecánicas: Denuncias interpuestas ante las autoridades locales acusan un presunto desvío de 105 millones de pesos relacionado con la adjudicación directa de contratos para el arrendamiento de maquinaria de limpieza pública.
- Sobreprecios en equipamiento social: Se mantienen bajo indagatoria presuntas irregularidades y sobreprecios en la compra de 250,000 kits escolares y en el arrendamiento de patrullas municipales.
Señalamientos recientes: En días previos al anuncio de Morena, la oposición local, encabezada por la dirigente estatal del PAN,Daniela Álvarez exigió aclarar los presuntos vínculos comerciales de la administración de Juárez con un empresario del sector energético recientemente investigado por autoridades federales.
Ante este escenario, la designación de la dirigencia nacional —encabezada por Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández Mora— ha sido interpretada por analistas locales como un espaldarazo político que prioriza su estructura territorial en la frontera por encima del desgaste mediático de los juicios. Por su parte, Pérez Cuéllar ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de la Fiscalía estatal, argumentando que obedecen a una persecución política orquestada por el gobierno del estado y los partidos de oposición de cara al próximo ciclo electoral
