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Tras la profunda sacudida en la Fiscalía General del Estado con la llegada de Gilberto Loya, sorprendió que una de las piezas más polémicas del tablero permaneciera inamovible. Carlos Manuel Salas, el llamado “fiscal de hierro”, sobrevive en la Fiscalía de la Zona Norte a contracorriente de la depuración y de un alarmante historial de impunidad. Es el caso más crónico en la dependencia que dirigió César Jáuregui Moreno y sea el motivo que sea, pero su permanencia no premia la efectividad y desafía abiertamente el dolor y la memoria de las víctimas chihuahuenses.
La lista de agravios y negligencias bajo su mando es tan extensa como dolorosa, alcanzando un punto de quiebre absoluto con el espeluznante hallazgo en el crematorio ilegal Plenitud. La inacción, los errores jurídicos en las carpetas de investigación y la alarmante falta de preparación técnica de su equipo permitieron que este caso, donde se localizaron 386 cadáveres sepultados en la clandestinidad, se convirtiera en un monumento a la revictimización de cientos de familias que aún hoy exigen la renuncia de Salas. A esto se le suman heridas del pasado que siguen abiertas y que también llevan su firma, como la impunidad que aún rodea el cobarde asesinato del periodista Ismael Villagómez en 2023, que ni teniendo a los homicididas y las pruebas, pudo lograr hacer justicia. No se diga las profundas omisiones institucionales que arrastra desde su primer periodo en la FGE, cuando su gestión falló en proteger y dar justicia a la activista Marisela Escobedo.
Del caso Marisela, en el 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acusó a Salas de violar los derechos humanos, la seguridad jurídica, el trato digno, a la legalidad, la debida procuración de justicia y al derecho a la verdad, en contra de la activista Marisela Escobedo, quien fue asesinada frente al palacio de gobierno el 16 de diciembre de 2010, cuando exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí.
Si se quiere medir con datos tecnicos los miles de expedientes que tiene la Fiscalía, nada más hay que ver numeros y datos técnicos. De acuerdo con los datos más recientes del Observatorio Ciudadano de Ficosec y los Indicadores de Incidencia Delictiva presentados por la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, la tasa de impunidad en el delito de homicidio doloso en esta frontera se ubica en un 84.6%
El absurdo operativo en la Zona Norte ha tocado niveles casi inverosímiles de incompetencia, evidenciando que la fiscalía juarense camina a ciegas o con los brazos cruzados. Escándalos como el del joven detenido en un retén mientras transportaba un cadáver en la cajuela de su vehículo —un caso que desnudó la nula prevención y la nula capacidad de reacción de los ministerios públicos— se suman a crímenes brutales en los que la fiscalía siempre llega tarde o mal, como la masacre en el bar «El Viejo» o las reiteradas alertas desatendidas sobre el violento repunte de despojos inmobiliarios ejecutados por el crimen organizado. Para la fiscalía de Salas, la justicia no se busca, se improvisa sobre la marcha, acumulando carpetas mal integradas que terminan por abrir la puerta giratoria a los criminales.
Mantener a Carlos Manuel Salas al frente de la región más compleja del estado, en medio de la flamante reingeniería institucional de Loya, es un mensaje de impunidad. ¿Cómo se puede hablar de un nuevo modelo de procuración de justicia cuando el rostro que encabeza la zona norte representa el viejo régimen de omisiones y pifias? El llamado “fiscal de hierro” se ha convertido en el fiscal de las sombras, la corrupción y la impunidad, un funcionario blindado por el poder político que resiste los cambios de gabinete, pero que sucumbe diariamente ante la realidad delictiva y que niega a los juarenses un viejo reclamo de justicia.
