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La Alianza Ecologista Internacional Río Bravo / Grande emitió un enérgico posicionamiento en el que califica la crisis de inundaciones que padece esta frontera como una «decisión política» y no como un desastre de origen natural.
A través de un manifiesto dirigido a los tres niveles de gobierno y a la opinión pública, la organización internacional denunció que décadas de omisiones, falta de planeación y un abandono sistémico en la infraestructura pluvial sostienen la vulnerabilidad de las familias juarenses frente a cada temporada de lluvias.
El documento contrasta la realidad de Ciudad Juárez con la de su vecina El Paso, Texas, cuestionando por qué un mismo fenómeno meteorológico genera estragos devastadores del lado mexicano. De acuerdo con los ambientalistas, la responsabilidad recae de forma unánime en todas las administraciones municipales previas y actuales, sin distinción de partidos políticos, debido a un patrón constante de falta de mantenimiento preventivo y nula planeación urbana.
La Alianza desglosó la problemática en tres ejes críticos: 1) Falta de infraestructura: Un crecimiento poblacional e industrial desmedido que se ejecutó sin una red de drenaje pluvial integral con visión de cuenca; 2) Abandono institucional: Labores de limpieza y desazolve mínimas o de carácter puramente reactivo en arroyos, diques y canales de protección civil. 3) Déficit de rescate: Cuerpos de emergencia desmantelados y sin el equipamiento técnico necesario para responder a contingencias simultáneas en la ciudad.
Ante esta situación, el colectivo binacional exigió la asignación inmediata de una partida presupuestal extraordinaria para obras hidráulicas de fondo, el cese de permisos de construcción en zonas de alto riesgo y una auditoría física transparente a los vasos de captación existentes.
«La seguridad de nuestras familias y nuestro patrimonio no puede seguir postergándose por la indolencia gubernamental», sentenció la organización, exigiendo un freno inmediato a las «excusas partidistas» para priorizar de forma urgente la dignificación de los equipos de rescate y la actualización del Atlas de Riesgo local.
