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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, puso en la cuerda floja al fiscal César Jáuregui por el caso de los agentes de la CIA que murieron en Chihuahua tras el operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio “industrial” en Morelos y dejó en manos de la gobernadora Maru Campos el que defina su destitución por la colaboración al margen del gobierno federal con Estados Unidos.
La presión que ejerció la mandataria siguió dejando de lado el golpe al narco que se dio y dio la impresión de que está defendiendo más a los propietarios de esa actividad ilícita que a los policías que lo aseguraron. No perdona la colaboración con Estados Unidos y todo indica que prefiere optar por las colaboraciones porosas entre corporaciones mexicanas que por años han fracasado.
Claudia se metió al ámbito político y tachó de traidores a la patria a los senadores del PAN que se opusieron a que Maru Campos compareciera al Senado. Los acusó de ser descendientes de Antonio López de Santa Anna.
En el ámbito legal, insistió en que hay una violación a la Ley y acusó a Maru Campos de no tomarle la llamada, algo que dijo no es un reto a su gobierno, pero insistió en que se violentó la Ley y la soberanía en Chihuahua, de la que la mandataria chihuahuense tiene que dar explicaciones, incluyendo su fiscal, que es autónomo.
También rechazó cualquier celo por el narcolaboratorio, ya que aseguró que su gobierno ha desmantelado a 2330 desde octubre del 2024, cuando tomó protesta como presidenta.
Sobre el fiscal, dijo que corresponde a la gobernadora decidir si se queda o se va, ya que, dijo, es el responsable directo de la presencia de los agentes de la CIA al establecer una colaboración al margen del gobierno de México. «Finalmente la colaboración fue con su fiscal», sentenció.
