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Aunque los paleros de la nómina del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, bots, plañideras del crucismo y demás que viven de los recursos públicos de los juarenses estuvieron esta semana en campaña en contra de la llamada Lista de Rubio, donde aparece el presidente municipal de Ciudad Juárez, esta volvió a escena mediática luego de que el drenaje de la narcopolítica brotó tras destapar Estados Unidos la cloaca en Sinaloa.
La lista de Marco Rubio, el documento extraoficial que circuló en medios mexicanos y estadounidenses donde aparecen nombres de políticos, militares y empresarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado, atribuida al Departamento de Estado para presionar al gobierno mexicano, poco a poco se va haciendo realidad, primero con la cancelación de visas y en el último episodio, con el paquete de políticos mexicanos señalados de narcoterroristas que Estados Unidos solicitó en extradición a México.
El Departamento de Estado no publica una lista oficial por motivos de confidencialidad de los cancelados ni da información y mucho menos presenta pruebas al gobierno de México como las que exige Claudia Sheinbaum, que antes no las pidió con docenas de acusados de narcotráfico solicitados por Estados Unidos, en los que ni juicio de extradición hubo, y entregó a Donald Trump.
Sin embargo, en el caso del listado de Rubio, diversos funcionarios han confirmado públicamente la revocación de sus visas o han sido señalados en investigaciones judiciales a las que se unió el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La lista comienza con Marina del Pilar Ávila Olmeda: Gobernadora de Baja California, quien confirmó la cancelación de su visa en mayo de 2025, describiéndolo como una «decisión administrativa», además de Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California y exdiputado. También Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, quien confirmó la revocación de su visa en julio de 2025; Juan Francisco Gim: Alcalde de Nogales, Sonora; José Luis Dagnino: Alcalde de San Felipe, Baja California, quien confirmó la cancelación tras ser retenido en la frontera; y Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera, separado de su cargo tras la pérdida de su visa por presuntos vínculos con el «huachicol».
En la lista de Marco Rubio también se encuentran gobernadores como Alfonso Durazo (Sonora), Layda Sansores (Campeche), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Samuel García (Nuevo León) y Américo Villarreal (Tamaulipas), además del senador Adán Augusto López, Mario Delgado (secretario de Educación), Manuel Bartlett (exdirector de CFE) y Ricardo Monreal, y alcaldes como Alberto Granados (Matamoros) y Miguel Ángel Almaraz (Río Bravo) y Cruz Pérez Cuéllar de Ciudad Juárez por tráfico de migrantes que controlaba la familia Yudico, una de sus patrocinadores de campaña electoral.
De todos ellos, Rubén Rocha es el primero que es requerido para comparecer ante los tribunales acusado de narcotráfico y delitos relacionados con las armas, pero seguramente no será el único. Como dice AMLO y los morenistas: No está solo, desde Cruz Pérez Cuéllar hasta Augusto López están ahí.
