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Lo de Rubén Rocha Moya, el narco de Sinaloa no era ningún secreto a voces. Era muy difundido en medios y normalizado en la política, donde una buena parte se nutre de recursos de origen dudoso para campañas electorales. Algo similar ocurre en Ciudad Juárez, donde el alcalde Cruz Pérez Cuéllar aparece en la famosa lista de Marco Rubio, mientras que su Policía Municipal ha sido exhibida en casos como el de la masacre de LeBarón, donde uno de sus agentes participó; o el caso del Delta, que tenía elementos preventivos asignados a su protección. No hablemos de César Corleone, que vive en Misión de los Lagos y mantiene hasta una nómina con pizcachitas y milpas mensuales para quienes callan su corrupción. También hace ruido el narcotúnel atribuido a la empresa a la que pertenece una de las familias que apoyó la campaña electoral del alcalde en el 2024, la Ludiko, de Las Varas, Babicora, requeridos algunos de sus miembros en El Paso, Texas, por tráfico de migrantes.
Claro, todo está normalizado en la 4T, que hoy sale a la defensa del primer grupo de narcopolíticos requeridos por Estados Unidos. La misma Claudia Sheinbaum que se erigió hoy como jueza, exoneró al gobernador de Sinaloa, al senador Enrique Izunza, que ya pidió licencia, así como a los mandos policiacos requeridos, y minimizó las pruebas presentadas ante una corte de Nueva York argumentando que no lo son, pero dejando de lado que el cúmulo se presenta durante los juicios.
No es la primera vez que la 4T sostiene a Rocha Moya, a quien Estados Unidos señala con vínculos con el grupo que domina el triángulo dorado donde se encontró el narcolaboratorio que desencadenó la persecución contra Maru Campos por combatir al narco. No por la presencia de la CIA, ya que Sheinbaum los perdonó y decidió no ejercer ninguna acción penal contra los otros dos elementos que estaban en la sierra de Chihuahua junto con los dos agentes fallecidos en un accidente.
Lo que olvida la presidenta Claudia Sheinbaum, que obviamente está negando la extradición de políticos nuevamente bajo el argumento de la soberanía, es que con descalificaciones no se van a retirar las acusaciones y que hay el antecedente de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, que fueron por él hasta el país sudamericano. También está el mismo caso de Ismael “El Mayo” Zambada, que de narco ha de haber cambiado su profesión a la de cantante, en la que una de las melodías es dirigida a Rubén Rocha Moya y seguramente a más políticos morenos. De Cruz, con 300 millones de pesos de publicidad, no necesita la defensa presidencial; tiene un ejército de paleros que es suficiente para tapar sus transas y su corrupción. Pero si Estados Unidos rasura al vecino, el crucismo debe poner sus barbas a remojar.
