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El año pasado, la Lista de Rubio, un documento no desmentido por Estados Unidos hasta el momento, que aparentemente fue filtrado a medios capitalinos —en la que, por cierto, aparece el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar—, cimbró a la 4T por el retiro de visas a algunos de los políticos que aparecen en ella. Ahora, el narcolaboratorio desmantelado por Maru Campos en Morelos nuevamente cimbra a los políticos guindas que usan de bandera la presencia de agentes de la CIA en el operativo, al descubierto tras la muerte de dos de ellos, para golpear al gobierno de Chihuahua que se atrevió a dar el golpe a una de las instalaciones de producción industrial de metanfetaminas más grandes de México y quizás del mundo, que ha sido minimizado por el debate político y mediático.
Veamos, el narcolaboratorio, localizado en el municipio de Morelos, se encuentra en la zona del Triángulo Dorado, donde también se encuentran Badiraguato, Sinaloa; Tubutama, Durango; y Guadalupe y Calvo. Evidentemente, tenía tiempo funcionando y llamó la atención de Estados Unidos y de la CIA, que no buscaba el decomiso en sí, pero sí quién está detrás de la operación.
La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos está dedicada a recopilar, analizar y evaluar inteligencia extranjera para asistir al presidente de su país y a responsables políticos en la seguridad nacional. Esta agencia opera principalmente fuera de Estados Unidos, realizando espionaje, contrainteligencia y operaciones encubiertas, mientras que la DEA, que está ausente en este operativo, evidentemente solo va contra el narco.
Eso mete ruido en la 4T, y más tras la información divulgada el domingo por Los Angeles Times, que plantea en un reportaje que Estados Unidos planea acusar a políticos mexicanos de Morena por corrupción y vínculos con el narcotráfico, algo que la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó en su mañanera de este lunes y usó el caso del general Cienfuegos para argumentar que no tienen nada en contra de la 4T. No aceptó la posibilidad.
Según Los Angeles Times, el plan contra la narcopolítica mexicana viene desde la Embajada de México, donde su titular, Ronal Johnson, habría dicho en Sinaloa recientemente que “la corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona”. Dice que el supuesto plan contempla incluso la posibilidad de presentar cargos contra políticos mexicanos en tribunales federales estadounidenses, incluidos integrantes del partido Morena como el gobernador Rubén Rocha Moya.
No sería la primera vez que se filtran estas versiones para apaciguar al gobierno mexicano, que mantiene una embestida también contra Estados Unidos por el tema de la soberanía de pronóstico reservado en los momentos que renegocia acuerdos comerciales. La presencia de la CIA y no la DEA, es porque el objetivo es la narcopolítica. Y cómo diría el Feyo Varela: ¡Así las cosas!
