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El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua revocó de manera definitiva el proceso de recolección de firmas ciudadanas que buscaba la revocación de mandato del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, candidato de Morena a la gubernatura de Chihuaha. Los magistrados basaron su resolución en una inviabilidad temporal, argumentando que el ejercicio carece de una ruta jurídica real para desahogarse de forma íntegra antes de que concluya el periodo constitucional del cargo, dada la proximidad y coincidencia con las etapas del Proceso Electoral Local 2026-2027.
La caída de este ejercicio de participación ciudadana fue facilitada de manera directa por un recurso de impugnación promovido por Movimiento Ciudadano (MC). El partido presentó los argumentos legales que sirvieron de base para que el tribunal echara abajo la recolección de apoyos. Esta acción legal generó severas críticas por parte de los colectivos ciudadanos y activistas promoventes, quienes calificaron la resolución como una decisión política que anula los derechos democráticos de la población.
El papel de Movimiento Ciudadano en la cancelación del proceso ha cobrado especial relevancia debido al pasado político de Cruz Pérez Cuéllar, quien formó parte de las filas de dicho instituto político antes de sumarse a su actual partido. La intervención jurídica de MC para frenar el avance de la revocación es señalada por diversos actores políticos como una estrategia de protección hacia la figura del alcalde con licencia, blindándolo de un desgaste político en su gestión municipal.
En el escenario político regional, este movimiento legal es interpretado por analistas como una señal clara de cara a los próximos comicios estatales. Los acuerdos y la defensa jurídica desplegada sugieren que Movimiento Ciudadano perfila de facto, formal e informalmente un esquema de alianza o coincidencia electoral para respaldar la eventual postulación de Cruz Pérez Cuéllar en su campaña por la gubernatura de Chihuahua, consolidando un frente común que redefine el tablero político de la entidad.
Mucho tiene que explicar la diputada emecista Alma Portillo que es Secretaria la Comisión de Participación en el Congreso Estatal, mientras por otro lado su partido obstruye un mecanismo de Participación y de igual forma Alfredo “El Caballo” Lozoya que por lo visto ya lleva el fierro crucista en las ancas. No se diga del “experto constitucionalista Francisco Sánchez y la dirigencia nacional de MC .
Ante la resolución dictada por el órgano jurisdiccional local, los grupos ciudadanos y activistas juarenses anunciaron que no detendrán su exigencia y acudirán a las instancias federales. Los promoventes confirmaron que impugnarán el fallo ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con el objetivo de revertir los criterios del tribunal estatal y reactivar los mecanismos de consulta popular que, afirman, quedan desprotegidos bajo el marco legal vigente en el estado.
Desde la perspectiva del análisis político, la resolución deja en claro que en Chihuahua la participación ciudadana sigue estando subordinada a las agendas de los partidos tradicionales. El uso de tecnicismos legales por parte de Movimiento Ciudadano para sepultar un mecanismo de rendición de cuentas evidencia un pragmatismo electoral que prioriza las alianzas futuras sobre el derecho a decidir de los gobernados. Al final, esta maniobra no solo blinda a un aspirante a la gubernatura, sino que confirma que las herramientas de democracia directa en el estado corren el riesgo de convertirse en una simulación inalcanzable cuando afectan los intereses de la clase política.
