La maestra Mireya Porras Armendáriz ya estaba destapada como crucista desde la pasada administración municipal, cuando se le señaló de haber solapado —junto con Jorge Gutiérrez Casas, considerado en el priismo como un traidor al legado de Héctor «Teto» Murguía— diversas irregularidades en el gobierno de Cruz Pérez Cuéllar. Quienes conocen las entrañas del tricolor recuerdan que, al terminar su gestión como líder municipal del PRI, ni siquiera entregó las llaves de la vieja casona de la avenida Lerdo; hoy, fiel a esa costumbre, ni se molestó en llevarles su renuncia al partido. Según ella, sigue siendo priista.
Su caso es el ejemplo más reciente de cómo en la política fronteriza las fronteras partidistas se desdibujan con facilidad cuando se desgastan los principios para ir tras el hueso. Formada en el sector educativo y curtida en la administración pública local tras pasar por la Dirección del Deporte, Atención Ciudadana y el Comité Directivo Municipal del PRI al cobijo del finado Teto Murguía, Porras Armendáriz ha jugado en su actual posición en contra de los juarenses. Apenas en octubre pasado integró la Comisión de Hacienda que dictaminó la actualización de las Tablas de Valores Catastrales para 2027, avalando un ajuste que pegará directamente en el bolsillo ciudadano con alzas de entre el 5 % y el 15 % en el impuesto Predial en 14 zonas de la ciudad, por más que el alcalde en funciones, Héctor Ortiz, y sus voceros afines y paleros insistan en negar el impacto del cobro.
Unas semanas después de poner su firma en ese dictamen recaudatorio, Porras apareció el 17 de noviembre levantándole la mano a Cruz Pérez Cuéllar. Lo hizo acompañada de Aldonza González Amador, exdirigente estatal del ONMPRI y excandidata priista que, tras perder en las urnas, optó por cerrar un ciclo de más de 26 años en el tricolor. En contraste, fiel al estilo pragmático que suele acompañar estos movimientos, la regidora Porras evitó anunciar una renuncia formal o abandonar su bancada en el Cabildo, dejando su respaldo en una cómoda ambigüedad: una «colaboración a título personal» que le permite sumarse al proyecto del alcalde sin soltar las siglas que la llevaron al Ayuntamiento.
Esta escena no es un hecho aislado, sino un capítulo más en la lista de exmilitantes priistas —muchos de ellos formados en los grupos políticos de administraciones pasadas en Juárez, como el propio Jorge Gutiérrez, Maurilio Fuentes o Enrique Licón— los llamados alguna vez «diputetos» que han encontrado refugio en el grupo de Pérez Cuéllar. Mientras la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Alejandro Domínguez, intenta contener el golpe asegurando que estas bajas no representan al priismo real y evita entrar en procesos de expulsión, lo cierto es que el llamado chapulineo sigue vaciando las filas del tricolor local para engrosar la estructura del grupo en el poder.
Para el bloque que encabeza el alcalde con licencia, estas sumas se venden bajo el discurso de la «pluralidad» y la apertura política, aunque en la práctica alimentan el malestar dentro de las bases fundadoras de Morena, relegadas por un proyecto con el que no terminan de comulgar en Juárez. La incógnita que queda en el aire de la grilla local no es ideológica, sino operativa: si estos cuadros importados del PRI serán reciclados en la nómina municipal o si encontrarán acomodo electoral bajo las siglas de aliados como el Partido Verde, desplazando una vez más a quienes construyeron el movimiento desde abajo. Está por verse si Mireya Porras terminará pintándose de verde o de guinda en el Cabildo, aún está por verse.


