La administración del Lienzo Charro Adolfo López Mateos, en Ciudad Juárez, vuelve a estar en el centro de la polémica tras los recientes hechos de violencia protagonizados por su titular, Walterio Magdaleno, a punta de botella de tequila y puño limpio este domingo. El incidente destapa la cloaca que se vive en torno a ese inmueble, construido en 1964 a través del Pronaf por el entonces director Antonio J. Bermúdez, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, y actualmente administrado por el Instituto Municipal del Deporte y «de las transas deportivas».
Durante décadas, el recinto ha sido disputado por distintos grupos de charros. En 2024, el Cabildo aprobó un reglamento oficial que dio certeza jurídica al inmueble como patrimonio público bajo el resguardo del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez (IMDEJ). Sin embargo, los hermanos Walterio y Enrique ya habían creado ahí su feudo y negocio personal bajo la venia del alcalde Cruz Pérez Cuéllar. Tan firme era su control que ni siquiera el director del instituto, Juan Escalante, pudo hacer ahí sus enjuagues ni sobarse las manos, como ocurre con otros inmuebles y ligas municipales donde primero está el «bisne» que el deporte.
De acuerdo con reportes periodísticos y videos difundidos en redes sociales, el incidente ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en el área de bar del recinto, cuando el administrador y su hermano se vieron involucrados en una trifulca contra integrantes de la comunidad charra. El altercado dejó como saldo al locutor charro Ricardo Campuzano con lesiones en el rostro y el cuerpo, además de provocar el desmayo de al menos una asistente en medio del caos.
A decir de diversos testigos y miembros de la Liga Municipal de Charrería, el conflicto escaló mientras en el inmueble continuaba la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, situación que derivó en que el salón de eventos del lugar fuera clausurado por Gobernación del Estado. Quienes frecuentan el espacio han señalado en repetidas ocasiones que, lejos de priorizar la promoción del deporte nacional por excelencia, las instalaciones operan como una cantina sin ley al amparo del poder municipal.







