A escasas semanas de cerrar el ejercicio fiscal, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez comprometió recursos millonarios mediante un contrato de ejecución acelerada que enciende las alarmas sobre posibles sobreprecios, opacidad en las entregas y deficiencias en el control del gasto público.
Se trata del convenio DCA/DMM/061-A/2024, firmado el 29 de noviembre de 2024 con la empresa Mantenimiento 3 de la Baja, S.A. de C.V., para el suministro de refacciones destinadas al parque vehicular oficial. Lo que vuelve crítico este acuerdo es su extrema brevedad: una vigencia de apenas 32 días naturales —hasta el 31 de diciembre de 2024— para gestionar un catálogo complejo de autopartes mayores.
De acuerdo con el anexo técnico del contrato, se cotizaron componentes de alto costo y reparación especializada, tales como motores completos, transmisiones, cremalleras y diferenciales para decenas de unidades de distintas marcas, modelos y años.
La magnitud de las piezas incluidas en un plazo tan reducido plantea serias dudas operativas y administrativas: resulta cuestionable que el municipio haya requerido, recibido e instalado refacciones de tal envergadura mecánica en el último mes del año sin evidencia pública de diagnósticos previos que justifiquen la urgencia.
A las dudas sobre la logística se suma una señal de alerta financiera. Una revisión preliminar de los costos pactados frente a referencias del mercado comercial arroja posibles sobrecostos que oscilan entre el 25% y hasta el 200%. Aunque estas variaciones requieren cotejarse bajo criterios técnicos estrictos —como marcas originales, garantías y tiempos de entrega—, la amplitud de la brecha obliga a investigar si existió un daño al erario.
El caso también pone bajo escrutinio el perfil de la empresa beneficiada. Hasta el momento no es pública la capacidad operativa, infraestructura ni historial comercial de Mantenimiento 3 de la Baja, S.A. de C.V. para responder en tiempo récord a un suministro multimillonario, así como tampoco los mecanismos de supervisión que aplicó el municipio para evitar el pago de piezas fantasma o no instaladas.
Si bien la inclusión de refacciones en un catálogo contractual no prueba por sí sola que todas hayan sido adquiridas y pagadas, la ausencia de trazabilidad abre la puerta a riesgos graves en el manejo de recursos públicos. Para descartar irregularidades, es indispensable fiscalizar las órdenes de compra, facturas timbradas, vales de entrada a almacén y las bitácoras individuales de cada vehículo supuestamente reparado.
Ante la gravedad de estos indicios, resulta urgente que las autoridades municipales transparenten de inmediato qué se compró realmente, cuánto dinero se ejerció y qué funcionarios validaron la recepción de los bienes. Más allá de un hecho aislado, este contrato exhibe focos rojos que exigen una auditoría a fondo sobre todo el esquema de adquisiciones y mantenimiento vehicular en Ciudad Juárez.




