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Y pasó el 2 de mayo y Francisco Garduño, el ex comisionado del Instituto Nacional de Migración no ofreció ninguna disculpa pública por la muerte de los 40 migrantes en el incendio de la estación migratoria que funcionaba como cárcel clandestina. Y eso que la fecha fue fijada por la defensa del ahora exfuncionario que dejó su cargo hace unos días para convertirse en una mancha negra en la 4T, particularmente en el gobierno de AMLO.
Desde que fue acusado por ejercicio ilícito de la función pública hace dos años, Garduño intentó evadir su responsabilidad en el caso y no fue hasta enero del 2025 cuando lo consiguió al otorgarle un juez de control de Chihuahua una suspensión provisional del proceso judicial. En realidad, también desde el principio gozó de un trato especial ya que fue el único de los 6 funcionarios federales involucrados en el caso que fue acusado de un delito menor, que se considera prácticamente una falta administrativa y también fue el único que no pisó la cárcel.
Para otorgarle al suspensión al proceso penal, el juez de Control exigió a Garduño varias condiciones, las más importantes: una reparación y una disculpa pública. La primera la pagó el Gobierno Federal, no el ex funcionario y la disculpa, la misma defensa del ex comisionado puso la fecha del 2 de mayo que no se cumplió.
En la memoria histórica del gobierno de AMLO y la 4T quedará la noche del 27 de marzo de 2023, cuando los 67 hombres fueron dejados encerrados en la estación migratoria sin que nadie les abriera la puerta. Murieron 40 y el resto quedó gravemente heridos, algunos con secuelas. Ellos fueron quienes revelaron cómo los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y los guardias de seguridad privada abandonaron el edificio y dejaron atrás, atrapados, a estos hombres que semanas antes fueron cazados por la Policía Municipal de Cruz Pérez Cuéllar por la única falta de haber sido migrantes en Ciudad Juárez y colmar la paciencia del alcalde.
