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Ciudad Juárez.- El senador Juan Carlos Loera expresó su absoluto rechazo al desalojo de personas migrantes en la ciudad de Chihuahua, ocurrido el 18 de enero.
El legislador juarense considera que las acciones de las autoridades municipales, estatales y federales, así como del Instituto Nacional de Migración, violaron los derechos humanos de los migrantes, protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Migración.
En particular, Loera criticó lo que llamó la postura intolerante y discriminatoria de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien ha declarado que los migrantes no pueden permanecer en el estado. Loera consideró que esta postura contraviene la Constitución y la política humanista que debe guiar las acciones del gobierno.
En su declaración, reiteró la importancia de respetar los derechos humanos de todas las personas, incluidas las migrantes, y de no criminalizar a aquellos que se encuentran en contextos de movilidad. También destaca la necesidad de que México refuerce su política humanista y otorgue a las personas extranjeras las mismas condiciones de respeto que se exigen para los mexicanos en el exterior.
A continuación el posicionamiento:
Posicionamiento sobre el desalojo de personas migrantes en la ciudad de Chihuahua
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 1º, que en nuestro territorio, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.
Es especialmente importante el párrafo que asienta que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Entre otros derechos, la Constitución reconoce la libertad de tránsito, el derecho de asilo, el derecho a una vida libre de violencias y prohibe expresamente la discriminación por cualquier motivo, incluyendo aquella que se origina por la nacionalidad de las personas.
Por otro lado, la Ley de Migración señala en su artículo 2º que la política migratoria del Estado Mexicano se funda en un “Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito.
En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.”
Señalo lo anterior, porque en la madrugada del 18 de enero, personal perteneciente a instituciones de seguridad municipales, estatales y federales, así como al Instituto Nacional de Migración, realizaron un operativo de desalojo de personas migrantes que pernoctaban en un campamento improvisado en la ciudad de Chihuahua.
Las personas en situación de movilidad, ante la incertidumbre y el miedo, respondieron prendiendo fuego a los colchones del campamento, indignados por la detención de al menos 39 personas, entre ellas mujeres, dos menores de edad no acompañados y otros 17 niñas, niños y adolescentes que serán deportados a sus países de origen; la mayoría provienen de Venezuela y Honduras.
Posteriormente, autoridades municipales ingresaron maquinarias al área para destruir el campamento y retirar las pertenencias de las personas migrantes, asegurando que el predio quedara limpio y no se pudiera utilizar de nuevo como un sitio seguro para descansar y protegerse de las gélidas temperaturas propias de la temporada.
Estas acciones se dan en medio de una postura intolerante y discriminatoria reiterada en múltiples ocasiones por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien recientemente declaró que las personas migrantes “no, no van a permanecer, por lo menos en el estado de Chihuahua no es ninguna opción para los migrantes” (sic), contraviniendo no sólo a la Constitución, sino a la política humanista que dice encabezar.
Como mexicano, senador de la República y militante de MORENA, creo en el irrestricto respeto a los derechos humanos, en la fraternidad y la solidaridad, por lo que manifiesto mi absoluto rechazo a lo ocurrido en Chihuahua y repudio el trato que se le dio a nuestros hermanos lationoamericanos, quienes transitan por México buscando mejores oportunidades de vida.
La insensibilidad de las autoridades participantes pudo ocasionar una segunda gran tragedia en el estado, agravada por la edad de la mayoría de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos.
Ante el cambio de gobierno en los Estados Unidos de América y la llegada de una administración con una clara posición en contra del derecho humano a migrar, considero que es más importante que nunca demostrar que México es un país con una vocación humanista en donde las autoridades cumplen el mandato constitucional de promoción, respeto, protección y garantía a los derechos humanos de todas las personas, incluidas aquellas que tienen otra nacionalidad. México debe reforzar su política humanista y no criminalizar a quienes se encuentran en contextos de movilidad; otorguemos a las personas extranjeras las mismas condiciones de respeto que hoy exigimos para las mexicanas y mexicanos en el exterior.
Tal y como lo ha planteado la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, la Cuarta Transformación es sinónimo de inclusión, de derechos, de libertades y de democracia.Ese es el camino a seguir.
Atentamente
Juan Carlos Loera
