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Ciudad Juárez.- El desalojo violento de personas en contextos de movilidad humana en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, ha generado una gran preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil que este día hicieron un posicionamiento exigiendo un alto a estás acciones.
Señalan que la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ha insistido en que el estado no es un lugar santuario para personas en contextos de movilidad humana y aseguran que esto ha llevado a una serie de acciones que han sido calificadas como violatorias de derechos humanos.
Entre estas acciones se encuentra el operativo llevado a cabo el pasado 17 de enero, en el que participaron agentes migratorios de Ciudad Juárez y elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Municipal y Estatal.
Este operativo ha sido criticado por su carácter violento y por no haber mediado la reubicación de las personas ni haber preguntado si necesitaban ser reubicadas.
«Es importante destacar que la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua establece que el estado tiene la obligación de proteger y apoyar a personas migrantes y sus familias, prohibiendo cualquier forma de presión sobre éstas para la renuncia de sus derechos”, dice el posicionamiento firmado por un centenar de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y de los migrantes.
(Fotos El Paso Ya)
