1
0
Ciudad Juárez.- La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) abrió una investigación por la muerte de un gato montés en las instalaciones de la dirección de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) que dirige Alma Edith Arredondo.
Lo anterior después de que medios de comunicación dieron a conocer que la muerte del ejemplar, motivó una propuesta de la regidora del Partido Verde Fernanda Ávalos, para capacitar a autoridades municipales en el manejo de fauna silvestre y exótica, destinando recursos para entrenar a Protección Civil, Bienestar Animal y Seguridad Pública.
Personal de la dependencia federal, no autorizado para dar información oficial, comentó que no se tenía conocimiento del aseguramiento y tampoco las circunstancias en las que falleció el felino.
Por lo anterior abrieron una investigación para determinar las circunstancias en las que se le murió el ejemplar a las autoridades municipales y también para determinar por qué no se dio parte del aseguramiento a la Profepa, tratándose de una especie protegida.
En un comunicado de prensa enviado está semana, la misma regidora Ávalos motivó su propuesta señalando qué hay aumento de avistamientos de especies como leones, linces, coyotes y gatos monteses que evidencia la necesidad de protocolos adecuados. Recientes incidentes incluyen la captura de una leona, la fuga de babuinos y la presencia de coyotes.
El acuerdo busca inscribir al personal en cursos especializados para garantizar seguridad y evitar tragedias, dijo.
“La falta de capacitación ha resultado en muertes innecesarias, como la de un gato montés capturado sin protocolos adecuados que murió en la misma jaula donde fue capturado, esto en las instalaciones del RAMM”, refiere.
Se desconoce si se dió parte también al Ministerio Público Federal.
En México, el delito contra la biodiversidad está regulado en el Código Penal Federal, específicamente en el Título Vigésimo Quinto, que trata sobre los delitos ambientales.
Las penas por delitos contra la biodiversidad y las sanciones varían según la gravedad del daño y el tipo de delito cometido. Algunas de las penas más comunes son:
1. Tráfico y posesión ilegal de especies protegidas
• Prisión: 1 a 9 años.
• Multa: 300 a 3,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
2. Daño a ecosistemas, hábitats o especies
• Prisión: 2 a 10 años.
• Multa: 300 a 3,000 veces la UMA.
3. Tala ilegal o destrucción de vegetación en áreas protegidas
• Prisión: 6 meses a 9 años.
• Multa: 100 a 3,000 veces la UMA.
4. Caza, pesca o captura de especies en peligro
• Prisión: 1 a 9 años.
• Multa: 300 a 3,000 veces la UMA.
5. Introducción de especies invasoras que afecten la biodiversidad
• Prisión: 1 a 9 años.
• Multa: 300 a 3,000 veces la UMA.
Si el delito es cometido por servidores públicos o con fines comerciales, las penas pueden incrementarse hasta en una mitad. Además, los responsables deben reparar el daño ambiental causado.
Las sanciones pueden cambiar según las reformas a la ley y la gravedad de cada caso.
