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El juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón decretó la extinción de la causa penal a favor de Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), desvinculándolo por completo del proceso judicial por la tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Tras una audiencia de más de siete horas, el juzgador determinó que el exfuncionario cumplió formalmente con las medidas de la suspensión condicional que le fuera otorgada. Con esta resolución, que equivale a una sentencia absolutoria, el caso queda cerrado para el máximo mando del INM implicado, dejándolo libre de antecedentes penales.
La organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) denunció de manera contundente el fallo, acusando que la resolución representa el triunfo de la «justicia selectiva» en México. El colectivo lamentó que el sistema judicial haya validado un acuerdo que prioriza la protección de altos funcionarios por encima de una verdadera rendición de cuentas. De acuerdo con la denuncia de la organización, esta exoneración envía un mensaje de profunda impunidad ante un hecho que cobró la vida de decenas de personas bajo el resguardo del Estado.
El contexto de la resolución se remonta al 27 de marzo de 2023, cuando un incendio en la estación provisional de Ciudad Juárez provocó la muerte de 40 migrantes y dejó a 27 más con lesiones de por vida. Garduño Yáñez enfrentaba un proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al ser el superior jerárquico responsable de las condiciones de reclusión y seguridad del recinto. Sin embargo, en lugar de ir a un juicio oral, la justicia federal le permitió acceder a una salida alterna para suspender el proceso a cambio de ciertas condicionantes.
Para justificar la extinción del caso, el tribunal validó que el excomisionado cumplió con la reparación económica del daño, la cual se cubrió con un fondo público de 300 millones de pesos, un argumento que las organizaciones civiles criticaron debido a que el costo fue absorbido por el presupuesto estatal y no por los bienes del imputado. Asimismo, se dio por buena una disculpa pública emitida por Garduño ante las víctimas conectadas vía remota, junto con la acreditación de firmas periódicas y cursos de protección civil impartidos al personal migratorio.
Ante este panorama, la resolución judicial no ha sido aceptada por los representantes de las víctimas ni por los colectivos que acompañan el caso. Activistas y asesores jurídicos de la Fundación para la Justicia y DHIA adelantaron que impugnarán la decisión mediante recursos de apelación y amparos. Las organizaciones sostienen que el proceso estuvo plagado de irregularidades y discriminación institucional, por lo que continuarán la batalla legal en tribunales superiores para revertir lo que consideran un carpetazo injusto a una de las peores tragedias humanitarias en la historia reciente del país.
