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La entrevista de Maru Campos con Carlos Loret de Mola no solo desnudó la extrema tensión que domina la relación entre el gobierno de Chihuahua y la administración de Claudia Sheinbaum al calor de la política, sino que funcionó como una brutal pasarela de exhibición pública.
Más allá de los gritos y los manotazos diplomáticos por la intervención de la CIA en territorio estatal, sobresalió del encuentro el intercambio de misiles teledirigidos. Campos no se guardó nada y utilizó los reflectores nacionales para lanzar acusaciones de altísimo calibre, transformando un conflicto de seguridad nacional en un ventilador que salpicó de sospechas a figuras clave de la política local y federal, algunas que ya hacían eco en la frontera y la sierra Tarahumara desde hace tiempo, incluso en el mismisimo Campestre.
En el epicentro del sismo quedó Ariadna Montiel, actual dirigente nacional de Morena y pieza clave del oficialismo en el norte del país. La gobernadora no dudó en «balconear» a la influyente morenista al revelar que la confrontó directamente frente a la Presidenta, acusándola formalmente de mantener vínculos y pactos con el crimen organizado en la entidad. Al poner el nombre de Montiel sobre la mesa de la confrontación presidencial, Campos no solo buscó minar la legitimidad de la estrategia de seguridad federal, sino fracturar el núcleo duro de la dirigencia guinda, exponiendo que las altas esferas del poder central podrían estar comprometidas en el tablero del narcotráfico chihuahuense.
El fuego cruzado también alcanzó al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quien la mandataria estatal pintó con el mismo pincel de la sospecha delictiva. Al señalarlo explícitamente como un aspirante impulsado y financiado por facciones de la delincuencia organizada, Campos elevó el costo político de la sucesión en el estado.
Esta exhibición pública no solo fue al calor político, recuerda a la opinión pública nacional que los pasillos del poder municipal en la frontera más importante de México siguen bajo el severo escrutinio de las agencias de inteligencia norteamericanas. De las mexicanas, todas en manos de Morena, se exhibe complacensia,
Y es ahí donde surgen otras dudas en la política guinda que aunque la presidenta Claudia Sheinbaum diga que se deben presentar pruebas, también está la obligación moral de explicar de donde se financiaron las campañas de los aspirantes de Morena, particularmente la de su candidato a la gubernatura Cruz Pérez Cuéllar. ¿Acaso el partido guinda no tenía candados contra la corrupción o sólo están en el discurso?
Ante ese escenario, sin duda hay una obligation de las instituciones de justicia y las electorales de investigar
