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Durante la «Mañanera del Pueblo» de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso abiertamente en la mira a los titulares de los 32 institutos electorales estatales (OPLES) al señalarlos como impuestos por la mafia electoral del INE que presidió Lorenzo Cordoba y cobijó a los hermanos Hernández Pasillas, los de la Champaña en Paris. No se salva Yanko Durán de la generalización, aunque ya intentó safarse del escandalo que amenaza con crecer al embarrar practicamente a todo el sistema que organiza las elecciones en México como corrompida.
Acompañada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la mandataria federal instó a los órganos locales a transparentar de inmediato sus finanzas de cara a los próximos comicios. Expuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga una red de asignación monpólica de material electoral, revelando que entre 2024 y 2025 al menos 15 de los 32 institutos estatales entregaron contratos millonarios al mismo duopolio empresarial ligado al fraude y al lavado de dinero. Sheinbaum enfatizó la necesidad de acabar con estos «coyotes electorales» y sentenció que la imparcialidad de los futuros procesos dependerá de la pulcritud presupuestaria en cada estado.
Este duro reclamo de la mandataria apuntó al corazón del diseño institucional, desnudando el origen político de las autoridades electorales de los estados. Sheinbaum arremetió contra la reforma electoral de 2014 por haber centralizado las designaciones en la Ciudad de México bajo un esquema de «cuotas de élite». Bajo esta lógica, Yanko Durán Prieto es, en sentido figurado, una «hija» del INE de Lorenzo Córdova, exactamente igual que Guadalupe Taddei; ambas funcionarias consolidaron sus carreras y liderazgos locales al ser elegidas directamente por el Consejo General que encabezaba Córdova Vianello. En el caso de Durán, su nombramiento por unanimidad como Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE Chihuahua) ocurrió el 26 de octubre de 2021 mediante el acuerdo INE/CG1616/2021 bajo la firma del propio Lorenzo Córdova y el entonces secretario Edmundo Jacobo Molina, naciendo institucionalmente de la misma estructura centralizada que hoy se encuentra bajo la lupa pública.
Esta sacudida política ha alcanzado un eco profundo en el estado de Chihuahua. Recientemente, Durán Prieto se pronunció sobre el escándalo nacional admitiendo que la posterior renuncia de Guadalupe Taddei al INE «ensombrece completamente» al órgano federal; no obstante, exigió que cualquier denuncia sobre el manejo de recursos públicos o contrataciones se acompañe de pruebas concluyentes, pidiendo detener juicios mediáticos anticipados o una persecución generalizada que termine por minar la credibilidad del sistema electoral mexicano.
La relación de la funcionaria de Chihuahua con este entramado se conecta de manera directa a través de contratos de material electoral y una creciente presión política. Aunque el IEE de Chihuahua otorgó contratos en el pasado a la empresa Cajas Graf—propiedad de un empresario vinculado al conflicto de interés de Taddei—, Durán Prieto aclaró con firmeza que dicha adjudicación ocurrió en 2021 antes de que ella asumiera el cargo. Pese a este deslinde, el Congreso del Estado de Chihuahua ya aprobó un exhorto para aplicar una auditoría interna a las contrataciones del ámbito electoral local, un escenario que coincide con un procedimiento de remoción que el propio Consejo General del INE mantiene abierto en su contra bajo el expediente UT/SCG/PRCE/KLF/JD06/CHIH/1/2026. Estas recaerían sobre Cata Espino quese desempeñó antes que Yanko Durán y quien recientemente fue nombrada Directora General Jurídica de la SSPE de Chihuahua, un cargo que asumió el pasado 17 de octubre de 2026, pero al que se vio obligada a renunciar el 2 de noviembre de 2026, tras permanecer menos de tres semanas en dicha función.
Tanto Cata como Yanko son hijas de Lorenzo Cordoba y la mafia del INE. Su futuro está incierto.
