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El presidente municipal en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, definitivamente no puede resolver la crisis de la basura que está generando en Ciudad Juárez la empresa Aseo Municipal y su propietario, Carlos Alberto Velázquez Nieto, detenido por huachicol y a quien Cruz Pérez Cuéllar favoreció con dos contratos para la recolección de desechos en la mitad de la mancha urbana.
La crisis de la basura en Ciudad Juárez ha dejado al descubierto algo peor que el olor a desechos acumulados: la total parálisis de un municipio que se declara incapaz de resolver el problema por cuenta propia. Al condicionar el servicio a los plazos y malabares de una empresa privada bajo investigación federal, la administración de Héctor Ortiz Orpinel demuestra una alarmante falta de un plan de contingencia real. En lugar de tomar las riendas de un servicio público vital y de primera necesidad, el gobierno local prefiere cruzarse de brazos financieros bajo la excusa de no gastar «recursos extra», dejando a los ciudadanos como rehenes de un contrato fallido y de calles inundadas de basura hasta finales de octubre.
¿Acaso son ciertas las versiones que señalan que los compromisos del alcalde con licencia y candidato de Morena a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, con el empresario propietario de Carvel y Aseo Urbano le impiden a Héctor Ortiz actuar? Es probable; los hechos hablan solos y la corrupción, al igual que la basura, se está desbordando desde aquella vez que decidió mudarse a El Campestre a la presunta casa de Daniel Pando, de donde fue echado por la Fiscalía Anticorrupción al asegurar el inmueble.
En la situación que sufre Juárez, también llama la atención que, mientras las colonias de las zonas tres y cuatro padecen la ineficiencia de la recolección, el silencio en el Cabildo resulta ensordecedor. Los regidores, aquellos representantes que en campaña prometían caminar las calles y vigilar el bienestar de sus distritos, hoy ni siquiera se asoman a las colonias afectadas para constatar la gravedad de la situación. Parece que la fiscalización del contrato de aseo municipal y la emergencia sanitaria que tose en las esquinas de Juárez no entran en sus agendas de oficina; una indolencia institucional donde los ediles prefieren el confort del escritorio antes que encarar el reclamo ciudadano o exigir cuentas claras en el pleno.
Sin duda, esta omisión compartida entre un municipio rebasado y un cuerpo de regidores fantasma despoja a la política local de su sentido más básico: servir.
Si la autoridad municipal se limita a emitir ultimátums de papel y los regidores actúan como simples espectadores de la crisis, ¿quién defiende a los juarenses? La recolección de basura no es un favor, es un derecho pagado con los impuestos de una ciudadanía que hoy asiste a un espectáculo de omisión gubernamental, donde los responsables directos de dar soluciones simplemente han decidido no trabajar.
