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El fin de semana el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua estableció de manera oficial los topes de gastos de precampaña para el Proceso Electoral Local 2026-2027, fijando el límite para la gubernatura en poco más de 12.9 millones de pesos y para la alcaldía de Ciudad Juárez en cerca de 6.7 millones de pesos.
Sin embargo, estas fronteras legales han quedado completamente desdibujadas en los hechos. El despliegue de campañas anticipadas por parte de diversos actores políticos ha inundado el estado con propaganda, eventos masivos y estrategias de posicionamiento digital meses antes de los tiempos permitidos por la normativa, convirtiendo los topes oficiales en una simulación frente al gasto real observable en las calles y redes sociales. Nada más hay que ver los anuncios espectaculares de Cruz Pérez Cuéllar que contaminan el centro histórico de Ciudad Juárez firmados por presuntos medios de comunicación, algunos reales, otros paleros. Se los irán a contabilizar,
Y es precisamente el caso más crítico y documentado de este fenómeno se concentra en la figura del político Cruz Pérez Cuéllar, cuyas operaciones de promoción y difusión de imagen han alcanzado magnitudes financieras sin precedentes. Evaluaciones independientes y denuncias formales de la oposición señalan que el volumen de recursos inyectados a su estrategia supera por 20 veces o más las cantidades fijadas como topes por la autoridad electoral y la tendencia sigue con publicidad simulada y actividades no fiscalizadas por la autoridad electoral. El costoso financiamiento de pautas digitales, espectaculares a lo largo de la entidad y la contratación de agencias de alta consultoría política y producción audiovisual de gama comercial como Ojiva Consultores y su productora, Conchita Labs, evidencian una disparidad absoluta con los límites de gasto que legalmente deberían respetar todos los aspirantes.
A este desmedido gasto en comunicación se suma el activo papel de la agrupación «Más por Juárez», la cual funciona como un brazo operativo de posicionamiento territorial en beneficio de Pérez Cuéllar. Esta organización arrastra señalamientos públicos por haber invertido ya más de 150 millones de pesos en un esquema de obra social simulada. A través de la entrega selectiva de apoyos, gestiones vecinales y eventos comunitarios masivos, la agrupación inyecta un flujo económico millonario que evade los mecanismos tradicionales de fiscalización partidista, operando una estructura paralela de promoción personal fuera de todo calendario legal.
La enorme brecha entre los 12.9 millones de pesos permitidos y los más de 150 millones operados bajo este esquema social alterno —sumados a los presupuestos de marketing digital— sitúan la contienda en un escenario de profunda inequidad. Corresponderá a la Unidad Técnica de Fiscalización del órgano electoral investigar a fondo el origen y destino de estos recursos, recurriendo a matrices de precios comerciales para tasar el valor real del despliegue logístico de la agrupación y de las agencias involucradas. Solo mediante una fiscalización rigurosa se determinará el impacto definitivo de esta millonaria campaña anticipada sobre la validez y legalidad del proceso electoral en Chihuahua. No vaya siendo que Chihuahua se enfrente a un escenario como el de Sinaloa con Ruben Rocha Moya. Se debe poner atención a los recursos públicos de los juarenses y los de Bienestar y más a los que provienen del narcotráfico que nomas no suelta a Ciudad Juárez.
