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De un momento a otro la buena suerte del súper protegido comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño volverá a estar en manos de un juez que deberá determinar si echa abajo la suspensión al proceso penal por la muerte de 40 migrantes que le otorgó un magistrado.
La semana pasada un Tribunal Colegiado de Apelación escuchó en audiencia a los representantes legales de 17 familias de víctimas fallecidas y sobrevivientes del incendio de la cárcel clandestina de Garduño en el puente Lerdo. Las familias hicieron la petición de que se revoque la suspensión del proceso penal que indebidamente se le otorgó al funcionario federal. El proceso marca un plazo de tres días que vencieron hoy, para dar una resolución.
Ya el mismo comisionado señaló que espera que el proceso continúe, pero para eso ya se curó en salud señalando a medios de comunicación que no le preocupa, que le interesa únicamente la justicia para las víctimas. Será.
Garduño está acusado del delito de ejercicio ilícito del servicio público, por presuntamente incurrir en una serie de omisiones que provocaron el incendio donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron con lesiones graves.
De las redadas ordenadas al grito de se me acabó la paciencia, de Crucito, no hay nada en instancias de justicia. Lo anterior pese a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes por parte de la Policía Municipal que sin cometer falta alguna los llevaron a la estación migratoria donde murieron quemados.
