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La denuncia del senador Juan Carlos Loera de la Rosa destapa, una vez más, la simulación democrática que impera en la elección interna de Morena de su coordinador estatal para la Defensa de la Transformación y virtual candidato a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar.
Morena decidió cerrar espacios a la democracia en Chihuahua y otros estados, no hay duda. Y no es sólo Loera el que lo exhibe. En los 17 estados donde habrá elecciones, hay inconformidad por lo burdo del proceso y del dedazo disfrazado que posiblemente viene desde Palacio Nacional, o simplemente es a capricho de los intereses muy particulares de la dirigencia nacional.
Al afirmar categóricamente que “en Chihuahua no podemos quedarnos callados cuando las decisiones de unos cuantos pretenden ganarle a la voluntad del pueblo”, Loera no solo lanza un berrinche, sino una seria advertencia contra la imposición centralizada. Lo grave de su acusación radica en que expone cómo las cúpulas partidistas inclinaron la cancha de forma flagrante, destruyendo el mito de los procesos democráticos en el estado para validar un resultado que, según sus palabras, “deja más dudas que certezas”.
El núcleo del fraude se sostiene en el misterioso y manipulable uso de las encuestas oficiales como herramienta de legitimación. Loera de la Rosa fundamentó su postura denunciando una absoluta “falta de imparcialidad, de equidad y de un auténtico sentido democrático”, revelando que los estudios arrojaron en realidad un empate técnico que la dirigencia nacional decidió ignorar de un plumazo. Al ocultar deliberadamente la metodología para imponer de manera unilateral a Cruz Pérez Cuéllar, el partido convierte sus encuestas en una burda lavandería política y en una pantalla de humo diseñada para arrebatarle las decisiones a la militancia real. Y Loera no buscaba la candidatura a la gubernatura, buscaba la alcaldía de Ciudad Juárez donde fue colocada sin encuesta, la senadora Andrea Chávez como premio de consolación al despojo del que fue víctima.
La gravedad del asunto escala al contrastar las palabras del senador con el oscuro historial del perfil bendecido por el «dedazo». Loera denunció con severidad la disparidad del proceso, señalando que mientras algunos aspirantes caminaron de manera austera, Pérez Cuéllar gozó de una exposición mediática extraordinaria con derroche de recursos.
Lo que la dirigencia calla es que este personaje no solo rompió la equidad material, sino que arrastra un negro historial de 48 denuncias por corrupción, investigaciones por desvío de recursos de la Auditoría Superior de la Federación por más de 422 millones de pesos e incluso nexos históricos con la «nómina secreta» de César Duarte. Y del tema que se duele Pérez Cuéllar, que Loera no lo dijo, pero es por el que denunció esta semana a los panistas que lo llaman narcocandidato, es el colmo del cinismo cuando se tiene podrida en crimen organizado a la Policía Municipal y el apellido Ludiko, buscado en Estados Unidos por tráfico de migrantes, retumba en los pasillos de la Presidencia Municipal. De la tesorera y su familia hablaremos más adelante en esta columna. El dedazo, por tanto, no solo violó las reglas del partido, sino que premió intencionalmente la corrupción.
Lo que muchos dicen en todo el país es que sostener un fraude interno para blindar con candidaturas a perfiles bajo sospecha penal y administrativa confirma una preocupante fractura moral: para la cúpula nacional del partido, el influyentismo y el pragmatismo inconfesable valen más que la honestidad y la dignidad del pueblo chihuahuense. Ya muchos se preguntan también si Ariadna Montiel está realmente interesada en que Morena obtenga la gubernatura con un candidato con uñas tan largas que espanta al electorado o simplemente le está dejando libre el camino al PAN, y las encuestas ya lo dicen: Cruz nuevamente es sotanero y traga polvo.
