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La pregunta que retumba en los pasillos de la política nacional es directa y punzante: ¿y Rubén Rocha Moya para cuándo? Mientras el escenario político se estremece con acciones judiciales y golpes de timón en diversos estados el caso del exgobernador de Sinaloa con licencia indefinida permanece como una de las asignaturas más incómodas y pendientes de resolver en el tablero de la Cuarta Transformación. Señalado directamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos de protección con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, el manto de impunidad o de lentitud burocrática que parece cubrirlo envía un mensaje contradictorio a una ciudadanía que exige consistencia moral en el discurso oficial. Y no es el único, el candidato a la gubernatura de Morena Cruz Pérez Cuéllar, arrastra 47 carpetas por denuncias de corrupción y electorales ante órganos anticorrupción de los 3 niveles de gobierno.
La espectacular detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ha sacudido el tablero político nacional al fijar un estándar de exigencia que ahora asfixia el discurso oficial. Arrestado inicialmente por autoridades estatales y de inmediato cercado por la Fiscalía General de la República bajo el severísimo cargo de traición a la patria, el exfuncionario enfrenta las consecuencias de haber permitido la operación clandestina de agentes de la CIA en territorio nacional. Con este golpe de timón, el gobierno de Chihuahua —de extracción opositora— ha mandado una señal contundente: la ley debe aplicarse sin miramientos a propios y extraños, lo que inevitablemente traslada la presión hacia las escaleras de la autollamada Cuarta Transformación. Claudia le reconoció hoy a la gobernadora Maru Campos la detención de César Jáuregui e incluso aclaró que no había pruebas en contra de ella como se intentó involucrar en la politización del caso que hizo Morena. Así Chihuahua ya puso el ejemplo en pocas palabras, pero ahora la 4T para cuándo…
El caso de Jáuregui es jurídicamente intrincado y políticamente demoledor. Su caída se precipitó tras un operativo ministerial en abril de 2026 contra un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, el cual quedó al descubierto de la peor manera: un trágico accidente vial donde murieron dos oficiales mexicanos y dos agentes encubiertos de la inteligencia estadounidense. Al validar tácticamente la intervención de armamento y personal extranjero sin la autorización del gobierno federal, el exfiscal vulneró los protocolos de seguridad nacional, convirtiéndose en el ejemplo perfecto que la oposición utiliza para demostrar que el combate a la ilegalidad no debe conocer de lealtades partidistas ni compadrazgos institucionales.
Es precisamente este espejo el que hoy provoca temblores en los pasillos de Morena y de la federación, arrojando una sombra inevitable sobre el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Si en Chihuahua un aliado histórico de la gubernatura es entregado a la justicia federal y enviado al penal de máxima seguridad del El Altiplano por faltas a la soberanía, resulta insostenible el cobijo institucional hacia el sinaloense. Rocha Moya, sobre quien pesan acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos nexos de protección con facciones del narcotráfico, se mantiene en un cómodo limbo de licencias indefinidas que contrasta drásticamente con la velocidad procesal aplicada en el norte del país.
Al final del día, el arresto de César Jáuregui desarma la narrativa de pureza selectiva que el gobierno federal suele enarbolar en sus conferencias mañaneras. La pregunta que queda flotando en el aire es punzante: ¿cuándo empezará la 4T a trapear sus propias escaleras desde arriba? Continuar ignorando las presiones bilaterales y las solicitudes de extradición contra los suyos, mientras atestigua cómo los gobiernos locales procesan a sus propios mandos, debilita la brújula ética del movimiento oficialista. La vara de la justicia ha quedado colocada en Chihuahua; mantener el punto ciego sobre Sinaloa sólo confirmará que, para el régimen actual, la aplicación de la ley sigue dependiendo del color del cristal con que se mire y más aún cuando impulsa a un candidato como Cruz Pérez Cuéllar cuando se supone había candados contra la corrupción en el proceso interno de Morena.
