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No pasó desapercibida la decisión del alcalde Cruz Pérez Cuéllar de ampararse y denunciar ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua argumentando calumnia electoral frente a quienes lo tildan de «narcopolítico».
Esta encrucijada expone cómo la estrategia legal intenta contener un colapso de imagen pública ante medio centenar de carpetas de investigación por corrupción y delitos electorales. A este escenario se suma la alarmante actuación de la Policía Municipal, evidenciada en casos como el narcotúnel o el líder delictivo Delta I, cuidado por agentes preventivos, así como el más crítico, el de «El Monster», un policía municipal en activo acusado de participar en la masacre de la familia LeBarón; este agente, tras haber servido presuntamente como escolta de figuras históricas como Rafael Caro Quintero, continuó protegido dentro de la corporación local hasta que fue capturado en un operativo de fuerzas federales encabezado por el equipo de Omar García Harfuch.
Que la oposición recurra a este duro adjetivo obedece a una encarnizada disputa de cara a la gubernatura; sin embargo, desestimar el señalamiento como mera pirotecnia partidista resulta imposible cuando coincide con el escandaloso desmantelamiento de un túnel delictivo a unos metros de la icónica Equis. La propia declaración de Pérez Cuéllar en su momento admitiendo «complicidades de ambos lados» instaló una sospecha legítima en el subsuelo juarense que ninguna queja administrativa ante el árbitro electoral podrá sepultar con facilidad. Más bien se curaba en salud como lo hace ahora ente el IEE.
La sombra del narcotúnel no es un hecho aislado, sino el catalizador que atrae la atención hacia la Policía Municipal, una corporación local históricamente vulnerable y señalada por omisiones tácticas que facilitaron el resguardo y traslado de personas e insumos ilegales, sino hay que preguntarle a Céasr Corleone por las “piscachas” verdes que en el bajo mundo reciben sus agentes, según mantas aparecidas en el marco de la disputa delincuencial por la frontera. Es inverosímil sostener que una obra subterránea provista de electricidad y ventilación operara de forma prolongada sin que el patrullaje de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detectara anomalías o sospechas. Este vacío de vigilancia activa alimenta la narrativa opositora de una presunta protección institucional, transformando la inacción de las fuerzas del orden local en la pieza idónea para justificar la etiqueta de la narcopolítica en el debate público. No se diga cuando aparece el apellido Ludico coordinado en el 2024 una encomienda de la campaña electoral de Pérez Cuéllar y hasta con la concesión de la Feria Juárez.
Más allá de la frontera, la situación de Pérez Cuéllar se complica al arrastrar una estela sin precedentes de denuncias que contradicen los discursos de transparencia y honestidad exigidos por su propio partido. Con cerca de 48 procedimientos y carpetas abiertas ante instancias como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el edil se ha convertido en uno de los políticos con mayor acumulación de quejas en el país. Los expedientes no abordan sutilezas: documentan desde el presunto desvío de recursos mediante la renta de barredoras y sobreprecios en insumos escolares, hasta un enriquecimiento ilícito derivado de una residencia millonaria en un exclusivo fraccionamiento Campestre.
El contraataque legal de Cruz Pérez Cuéllar ante el IEE puede interpretarse como un blindaje político indispensable para mantener vivas sus aspiraciones, pero el frente judicial y social que encara es sumamente denso.
El juicio ciudadano simulado en las calles por colectivos locales y las crecientes críticas internas dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación demuestran que las sospechas han calado hondo en la ciudadanía. Mientras las toneladas de concreto sellan el pasadizo físico hacia El Paso, las numerosas carpetas de investigación por corrupción permanecen abiertas, recordando que la limpieza política de una administración no se decreta en los tribunales electorales, sino que se demuestra rindiendo cuentas claras ante la justicia.
Ni Rafa Loera a quien dicen busca sumar a su causa en la capital le ayudará a levantarlo, ni Andrea Chávez será su chaleco salvavidas. El voto cruzado es una realidad en Ciudad Juárez que se manifestó en el 2024.
