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De estatura mediana, piel blanca y barba desaseada, José Antonio Acosta Hernández, apodado El Diego o el Blablazo, por quién se ofrecía una recompensa de 15 millones de pesos por su captura, fue agente de la Policía Ministerial de la antigua Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), adscrito al grupo especial llamado Orión, creado contra la venta al menudeo de drogas.
Contrario a la fama de matarife que adquirió, en la corporación siempre fue al que mandaban por los chescos cuando los reporteros de la fuente ingresaban a entrevistas a la primera o segunda comandancia cuando el primer comandante era Alejandro Castro Valles y el segundo Apolinar Juárez, este último un policía que supo bien enquistarse en el Poder Judicial del Estado como juez pese a que en su propia oficina llegó a despachar el famoso Juan Pablo Ledezma, alias el Dos Letras o el J.L.
Pero hoy hablamos de El Diego quien fue dado de baja en octubre del 2007 al presentar su renuncia voluntaria luego de que no aprobó los exámenes de confiabilidad. Desde entonces su ocupación fue 100 por ciento en el crimen organizado en el grupo del J.L. hasta su caída en la ciudad de Chihuahua en julio del 2011. Según el Gobierno Federal que entonces todavía tenía a Genaro García Luna, el Blablazo confesó haber ordenado unas 1.500 ejecuciones de rivales del cártel de Juárez dirigido entonces por Vicente Carrillo Fuentes, «El Viceroy». Según la policía, fue el encargado de reclutar a la pandilla conocida como Los Aztecas, con el fin de hacer frente al cartel de Sinaloa de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
En esa confrontación, le atribuyen la autoría intelectual de tres de los episodios de violencia más destacados de aquellos años en Ciudad Juárez.
En enero de 2010, la fiscalía le atribuyó haber ordenado la masacre de 14 jóvenes en Villas de Salvarcar, uno de los episodios de violencia que más conmocionaron al país. Dos meses más tarde, morían por disparos de bala una trabajadora del consulado estadounidense, su marido estadounidense y del cónyuge mexicano de otra empleada el año pasado en Ciudad Juárez.
Estos hechos causaron la «indignación» del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el cierre del consulado. También se le atribuye el coche bomba que estalló el 25 de julio del 2010. En la larga lista de fechorías lo mismo mató policías que periodistas. Se le atribuye la muerte de Salas García, Subprocuradora de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y su escolta, ocurrida el 30 de junio del 2010, ataques a instalaciones de la Policía Federal, así como la compra de material explosivo industrial, realizar pintas y colocar mantas el pasado 27 de junio donde amenazó directamente a personal de la DEA por entrometerse.
Al caer en manos de las autoridades, El Diego portaba dos armas cortas con cargador, un fusil MP-5 con cargador, equipo de comunicación, cómputo y radiocomunicación.
El entonces presidente de México, Felipe Calderón, valoró el arresto de «El Diego» en su cuenta de Twitter como el mayor golpe al crimen organizado en Ciudad Juárez desde que ordenó el envío de 5.000 policías federales para atajar la violencia en una de las ciudades más azotadas por la violencia del narcotráfico.
Sin embargo, el mismo gobierno mexicano declinó hacer justicia y lo extraditó a Estados Unidos donde no hay registro de que esté en prisión. Probablemente sea testigo protegido, mientras en México, cientos de sus crímenes están impunes.
